Lo atraparon con un arma y drogas para vender: prisión efectiva y multa de $5 millones
Un hombre fue condenado a 4 años y 6 meses de prisión efectiva y al pago de una multa de 5 millones de pesos, luego de ser hallado en posesión de un arma de fuego y estupefacientes con fines de comercialización durante un allanamiento realizado en Villa La Angostura.
La condena se resolvió en una audiencia realizada el martes, donde el asistente letrado Federico Surá presentó un acuerdo previamente suscripto con la defensa y elevado al juez por el fiscal jefe Gastón Ávila. El imputado, Jorge Oscar Tapia, reconoció su responsabilidad penal.
El allanamiento y las pruebas
Según la acusación, el hecho ocurrió el 24 de septiembre de 2025, alrededor de las 7:40, durante un procedimiento judicial en un domicilio de la localidad cordillerana. Allí, Tapia tenía en su poder un revólver calibre .22 largo con municiones, sin autorización legal, además de 36 gramos de clorhidrato de cocaína fraccionados para la venta.
También se secuestraron una pequeña cantidad de cannabis, una balanza de precisión, elementos utilizados para el fraccionamiento de drogas, anotaciones vinculadas a la comercialización, dinero en efectivo y un comprobante de transferencia bancaria.
Calificación legal y pena
Los hechos fueron calificados como tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en concurso real y en carácter de autor, conforme a lo establecido en el Código Penal y la Ley 23.737.
La pena acordada surge de la unificación con una condena anterior de ejecución condicional dictada en 2022, lo que derivó en una sanción única de 4 años y 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo, además del decomiso de todos los elementos secuestrados y el pago de las costas del proceso.
Resolución judicial
El juez de garantías Maximiliano Bagnat homologó el acuerdo presentado por las partes y, a pedido de la fiscalía, dispuso la prórroga de la prisión preventiva hasta el 18 de febrero de 2026, fecha estimada para que la sentencia quede firme.
Asimismo, ordenó que el cumplimiento de la pena se realice dentro de la IV Circunscripción Judicial, sujeto a la disponibilidad de cupos y a condiciones de detención adecuadas.
