El crimen de Jeremías Monzón reabre el debate: el Gobierno impulsa bajar la edad de imputabilidad
El brutal crimen de Jeremías Monzón, el adolescente de 15 años que fue torturado y asesinado en Santa Fe, volvió a sacudir a la opinión pública y reactivó uno de los debates más sensibles de la agenda política: la baja de la edad de imputabilidad.
El caso generó un fuerte impacto luego de que se confirmara que dos de los menores implicados tienen 14 años y permanecen en libertad por no ser punibles según la legislación vigente. Ese dato fue determinante para que el Gobierno retomara con fuerza la discusión sobre una reforma del régimen penal juvenil.
En la Casa Rosada reconocen que la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años forma parte del proyecto de reforma del Código Penal que el Ejecutivo viene elaborando. Sin embargo, la iniciativa no fue incluida en el temario de sesiones extraordinarias, ya que el oficialismo decidió priorizar otras reformas, como el Presupuesto 2026 y la Modernización Laboral.
Tras la conmoción pública que generó el crimen de Monzón, integrantes del círculo más cercano al presidente Javier Milei plantearon la necesidad de acelerar el debate y no postergarlo hasta las sesiones ordinarias de marzo. Según fuentes oficiales, el tema fue abordado en las últimas horas y existe la intención de habilitar su tratamiento incluso durante el mes de febrero.
“Yo la quiero impulsar ahora”, señaló una fuente del oficialismo, mientras que otra admitió que el proyecto podría avanzar rápidamente en la Cámara de Diputados si se habilita su discusión. La definición final se tomará en la reunión de la mesa política prevista para el próximo lunes en Casa Rosada.
El debate no es nuevo. En mayo del año pasado, La Libertad Avanza había logrado dictamen en Diputados para la denominada Ley de Responsabilidad Penal Juvenil, que proponía establecer la punibilidad desde los 14 años. Sin embargo, la iniciativa perdió estado parlamentario con el cierre del período ordinario y nunca llegó al recinto por falta de consensos.
El proyecto contemplaba garantías procesales plenas, continuidad educativa y programas de formación para los adolescentes, además de límites a las penas privativas de la libertad y alojamiento en institutos especializados, separados del sistema carcelario adulto.
El asesinato de Jeremías Monzón volvió a poner el tema en el centro del debate político y social, y ahora el Gobierno deberá definir si avanza con una reforma inmediata o si la incluye dentro de un paquete más amplio de cambios al sistema penal.
