La Defensoría del Pueblo pidió un abordaje integral por situaciones de inseguridad en el Parque Lineal Pocahullo
San Martin de los Andes.- La Defensoría del Pueblo de la Provincia (DPA) solicitó al Poder Ejecutivo municipal una intervención urgente y articulada ante situaciones de vulnerabilidad social, inseguridad y presuntas actividades ilícitas detectadas en el Parque Lineal Pocahullo, a partir de denuncias realizadas por vecinos y vecinas del sector.
Según informó el organismo, se detectaron al menos dos focos donde personas en situación de calle pernoctan en espacios públicos, generando preocupación por hechos de violencia, riesgos para la integridad física y conflictos con residentes y turistas.
El pasado 22 de enero, los defensores adjuntos, Dra. Milagros Fernández Noya y el Lic. Gonzalo Salaberry, realizaron una recorrida por el sector tras recibir reiteradas denuncias vecinales. Durante la inspección y a partir de entrevistas con habitantes del área, se constató la existencia de un gabinete de electricidad ubicado en el pasaje Bandurrias, a metros de calle Juez del Valle y de la plazoleta Julieta Lanteri, dentro del Parque Lineal Pocahullo.
Si bien el gabinete corresponde a infraestructura eléctrica de la obra, en los hechos es utilizado como espacio de pernocte por personas en condiciones que la Defensoría calificó como “absolutamente inhumanas”. Incluso se detectó una casilla adosada al gabinete que estaría siendo habitada de forma permanente.
Vecinos y vecinas denunciaron además situaciones de violencia entre las personas que ocupan el lugar, así como episodios de agresividad hacia transeúntes y turistas que recorren el parque. También indicaron que el sitio sería utilizado como lugar de acopio de elementos presuntamente robados, hechos que ya fueron denunciados ante la Policía.
Desde la DPA advirtieron que la situación representa un riesgo grave e inminente tanto para las personas que pernoctan allí —por la exposición a peligros eléctricos, las condiciones climáticas adversas y la falta total de condiciones mínimas de habitabilidad— como para los vecinos y vecinas del sector.
Ante este escenario, la Defensoría instó al intendente y al Ejecutivo local a articular acciones conjuntas entre las secretarías de Gobierno, Obras Públicas y Desarrollo Humano, con el objetivo de desarticular el sitio de pernocte y dar una respuesta integral que contemple tanto la seguridad como la situación de extrema vulnerabilidad social de las personas involucradas.
El organismo señaló además que esta denuncia se vincula con otra situación similar detectada a pocas cuadras, dentro de un predio municipal, donde también se reportó el uso del espacio para pernoctar y la realización de actividades presuntamente ilícitas. Ese caso ya había sido advertido al Ejecutivo local días atrás.
