viernes 3 de abril de 2026
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Judiciales

Avanza la causa contra una empleada del Registro Civil por cobros ilegales y falsedad

La Justicia reformuló los cargos contra una funcionaria acusada de cobrar de manera indebida por un casamiento y de falsear datos en un acta matrimonial. La investigación se prorrogó por tres meses.
martes 03 de febrero de 2026

Durante una audiencia realizada este martes en Neuquén, el asistente letrado del Ministerio Público Fiscal, Facundo Bernat, reformuló los cargos contra una empleada del Registro Civil acusada de realizar cobros ilegales y de consignar datos falsos en un acta de matrimonio.

Según expuso la fiscalía, se mantuvieron los hechos y delitos originalmente atribuidos, pero la acusación fue agravada al incorporarse nuevas circunstancias, entre ellas el agravamiento de la imputación por falsedad ideológica y consecuencias económicas derivadas de la conducta investigada.

En relación con el primer hecho, se ratificó la imputación por un presunto cobro indebido ocurrido el 6 de enero de 2025, cuando la acusada, en su carácter de funcionaria pública, habría exigido el pago de 90 mil pesos a una pareja bajo el argumento de que el sellado abonado no correspondía al trámite matrimonial.

El dinero fue transferido a una cuenta personal de la imputada.

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Respecto del segundo hecho, Bernat sostuvo que la empleada incurrió en falsedad ideológica agravada al confeccionar el acta del matrimonio, omitiendo que la ceremonia se realizó a domicilio y no consignando los testigos exigidos por la normativa vigente.

La fiscalía agregó que estas irregularidades generaron un perjuicio patrimonial al Estado, ya que no se abonó la tasa correspondiente al casamiento a domicilio, además de obligar a los contrayentes a rectificar la documentación.

Los hechos fueron encuadrados en los delitos de exacciones ilegales agravadas —por haber convertido en propio el provecho del ilícito— y falsedad ideológica agravada por haber sido cometida por una funcionaria pública, en concurso real y en carácter de autora.

Finalmente, el representante del MPF solicitó una prórroga del plazo de investigación por tres meses, pedido que fue aceptado por el juez de garantías Juan Guaita, quien también avaló la reformulación de los cargos.

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