Justicia y narcotráfico
Confirman la competencia provincial y el MPF avanza contra una banda acusada de microtráfico en Neuquén
Un Tribunal de Impugnación confirmó la competencia de la justicia provincial para continuar con la investigación contra una banda integrada por nueve personas, acusadas de dedicarse a la comercialización de estupefacientes en la ciudad de San Martín de los Andes. La resolución se dictó a partir de un planteo realizado por el Ministerio Público Fiscal (MPF) y fue adoptada por unanimidad.
El fallo validó lo actuado por la fiscalía local, representada por el fiscal jefe Gastón Ávila y el asistente letrado Federico Sura, quienes sostuvieron que el caso debe tramitar en el ámbito provincial y no en la justicia federal, como había solicitado la defensa de algunos de los imputados.
Una organización con roles definidos
Durante la audiencia, el MPF expuso la teoría del caso presentada en noviembre de 2025, cuando fueron imputados ocho hombres y una mujer. Según la investigación, la banda operó al menos entre junio y agosto de 2025 y contaba con una clara división de tareas orientada a la venta de droga al consumidor final.
El presunto líder era L. F. T., quien impartía órdenes desde su lugar de detención en la Comisaría Quinta de Centenario. Desde allí coordinaba envíos y cobranzas a través de S. A. C. y M. J. S., quienes entregaban las sustancias y recaudaban el dinero para D. A. A., radicado en San Martín de los Andes.
De acuerdo al MPF, D. A. A. cumplía el rol de organizador local: recibía la droga, la distribuía entre los vendedores y concentraba el dinero. Para el movimiento de fondos, la banda utilizaba cuentas de Mercado Pago a su nombre y al de H. O. R., quien colaboraba con la contabilidad.
La investigación determinó que la organización tenía puntos de venta o “kioscos” en los barrios Gobernadores Neuquinos y Chacra 30, operados por M. M. B., J. A. L. y M. A. M.. En uno de los casos, se detectó que M. M. B. realizó al menos 63 operaciones de venta en poco más de un mes, generando ingresos superiores a 1,8 millones de pesos.
Además, se imputó a C. I. V. haber facilitado su domicilio en el barrio Gobernadores Neuquinos para el almacenamiento y comercialización de drogas durante varias semanas.
El debate por la competencia
La defensa había cuestionado la formulación de cargos al considerar que los hechos descriptos —que incluían transporte y distribución— correspondían a delitos de competencia federal y no al microtráfico, que es de ámbito provincial. También se alegó que mantener la causa en Neuquén afectaba el derecho de defensa de uno de los imputados, que tiene causas abiertas en la justicia federal de Zapala.
Sin embargo, el tribunal integrado por los jueces Nazareno Eulogio, Liliana Deiub y Estefanía Sauli rechazó los planteos y confirmó lo resuelto previamente por el juez de garantías Maximiliano Bagnat.
En sus fundamentos, coincidieron en que la organización investigada se dedicaba al último eslabón de la cadena de comercialización, sin características de una estructura transnacional. “No se está investigando un delito que no sea el de los últimos eslabones de la cadena”, señalaron, y remarcaron que ese tipo de delitos fue desfederalizado y es competencia de la provincia de Neuquén.
También desestimaron el argumento vinculado a las causas federales conexas, al indicar que no registraron avances procesales en los últimos dos años. Por el contrario, advirtieron que derivar la causa al Juzgado Federal de Zapala perjudicaría a la mayoría de los imputados, que residen en San Martín de los Andes y cuentan con defensa local.
Con este fallo, el Ministerio Público Fiscal quedó en condiciones de avanzar hacia la etapa final de la investigación, prevista en principio para marzo próximo.
