Debate por la edad de imputabilidad
Busamia: “Bajar la imputabilidad no cambiaría el sistema penal juvenil en Neuquén”
En medio del debate nacional por la baja de la edad de imputabilidad, el vocal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Neuquén, Germán Busamia, sostuvo que una eventual reforma no modificaría el sistema procesal juvenil vigente en la provincia, sino que ampliaría el universo de adolescentes alcanzados por la investigación penal.
En declaraciones radiales, el magistrado recordó que desde 1999 Neuquén cuenta con la Ley 2302, el Régimen Integral de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, que regula tanto la tutela administrativa y civil como el proceso penal juvenil.
Busamia explicó que, bajo el esquema actual, un menor de 18 años que comete un delito es sometido primero a un proceso en el que se determina su responsabilidad penal. Luego debe atravesar un tratamiento tutelar durante un año —prorrogable hasta la mayoría de edad— y recién entonces se define la eventual pena.
“La aplicación de una pena no es inmediata”, señaló, y agregó que el juez evalúa si el tratamiento tutelar logró revertir las causas que llevaron al menor a delinquir antes de fijar la sanción.
Respecto del proyecto que se discute en el Congreso para bajar la edad de imputabilidad, el vocal indicó que en Neuquén el procedimiento no cambiaría sustancialmente. “Lo que variará es qué grupo de menores puede ingresar al sistema penal juvenil”, explicó.
Actualmente, el régimen nacional establece un sistema de punibilidad diferenciada entre los 16 y 18 años para determinados delitos graves. Si la edad se reduce a 14 años, esos adolescentes pasarían a estar alcanzados por el sistema penal juvenil, aunque no implicaría automáticamente prisión efectiva.
Busamia remarcó que el proyecto en debate no prevé como regla la pena de cárcel inmediata en establecimientos penitenciarios para menores, sino que esa alternativa sería excepcional.
En ese sentido, sostuvo que la discusión pública debe reflejar con precisión el contenido real de la iniciativa legislativa, y advirtió que los jueces provinciales deberán aplicar la ley tal como sea finalmente sancionada por el Congreso.
Para el magistrado, la problemática de la delincuencia juvenil responde a factores múltiples y no exclusivamente a la existencia o no de una reforma legal, en un contexto donde el reclamo social por mayor seguridad ocupa el centro de la agenda.
Cadena Uno
