Impulsan la “Ley Rodrigo” para prohibir celulares en cárceles bonaerenses tras la muerte de un soldado extorsionado
Un proyecto de ley presentado en la Legislatura bonaerense propone prohibir el uso de teléfonos celulares en las cárceles de la provincia de Buenos Aires. La iniciativa, impulsada por el diputado de La Libertad Avanza Oscar Liberman, surge tras la muerte del soldado Rodrigo Gómez, quien se suicidó luego de ser víctima de una extorsión que, según la investigación judicial, fue organizada desde una unidad penitenciaria.
El proyecto fue denominado “Ley Rodrigo” y contó con la colaboración de la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado y del juez de la Cámara Penal de Apelaciones y Garantías de Azul Carlos Pagliere (hijo).
Qué propone la “Ley Rodrigo” para las cárceles bonaerenses
La iniciativa plantea modificar la Ley 12.256 de Ejecución Penal Bonaerense para establecer que las personas privadas de la libertad no puedan poseer teléfonos celulares ni dispositivos electrónicos con acceso a redes de telefonía o datos.
Según el proyecto, las comunicaciones telefónicas de los internos deberán realizarse exclusivamente a través de equipos provistos y controlados por el Servicio Penitenciario Bonaerense. Además, se fija un límite máximo de dos horas diarias de comunicación por detenido.
También se establece que cada interno solo podrá comunicarse con un listado de hasta cinco personas previamente registradas, cuyos contactos deberán ser supervisados para garantizar la seguridad del establecimiento y la protección de las víctimas.
El caso del soldado Rodrigo Gómez
El proyecto lleva el nombre de Rodrigo Gómez, un soldado del Regimiento de Granaderos que se quitó la vida en la Quinta de Olivos tras sufrir una extorsión.
De acuerdo con la investigación judicial, las maniobras habrían sido coordinadas desde la cárcel bonaerense de Magdalena, mediante comunicaciones telefónicas realizadas desde el interior del penal.
En ese marco, la jueza Sandra Arroyo Salgado dictó recientemente la prisión preventiva para siete personas acusadas de integrar una organización criminal que operaba desde cárceles bonaerenses.
Fin del protocolo que permitió celulares en pandemia
Entre los cambios previstos, el proyecto propone dejar sin efecto el protocolo que habilitó el uso de celulares durante la pandemia, aprobado en 2020 mediante la Resolución 47688/20.
Esa normativa había flexibilizado el uso de teléfonos personales en los penales debido a las restricciones sanitarias, pero según los impulsores de la iniciativa, el esquema continuó vigente incluso después de finalizada la emergencia sanitaria.
El legislador Liberman argumentó que la regulación actual debe adaptarse a las exigencias de seguridad pública, para evitar que las cárceles se conviertan en centros desde donde se planifiquen delitos.
Inhibidores de señal y controles dentro de los penales
La iniciativa también establece la instalación obligatoria de sistemas de inhibición o bloqueo de señal de telefonía móvil y transmisión de datos en los sectores donde se alojan los internos.
Según el proyecto, estos mecanismos deberán implementarse de forma progresiva y sin afectar comunicaciones institucionales o de emergencia.
Además, se prevén requisas periódicas en celdas y pabellones, controles tecnológicos para detectar dispositivos electrónicos y medidas para impedir el ingreso de elementos prohibidos a las unidades penitenciarias.
