Siniestro vial
Imputaron a un camionero por la muerte de dos trabajadores estatales en la Ruta 7
Un camionero fue imputado por causar la muerte de dos trabajadores estatales en un siniestro vial ocurrido en la Ruta Provincial 7, a la altura de Picada 16.
La imputación fue realizada por la fiscal Guadalupe Inaudi durante una audiencia en la Ciudad Judicial de Neuquén. Según expuso la representante del Ministerio Público Fiscal de Neuquén, el conductor identificado como E. E. B. no contaba con la licencia habilitante tipo E-1, requerida para manejar este tipo de vehículos de gran porte.
De acuerdo con la teoría del caso presentada por la fiscal, quien estuvo acompañada por la asistente letrada Agustina Jarry, el hecho ocurrió el 1 de agosto de 2025 alrededor de las 8.30 en la intersección de la Ruta 7 y la Picada 16.
El imputado conducía un camión Iveco Stralis con un semirremolque que transportaba combustible refinado. Circulaba desde Añelo hacia San Patricio del Chañar a una velocidad aproximada de 88 kilómetros por hora.
Según la acusación, al llegar a la intersección perdió el control del vehículo, invadió el carril contrario y colisionó contra un utilitario Mercedes‑Benz Sprinter que circulaba en sentido opuesto.
El vehículo era conducido por Juan Andrés Ceferino Fuentes, quien falleció en el lugar. Como acompañante viajaba Horacio Cofré, quien también perdió la vida. Un tercer ocupante que viajaba en la parte trasera resultó con politraumatismos.
La fiscal atribuyó al imputado el delito de homicidio culposo agravado por conducción imprudente y antirreglamentaria de un vehículo automotor, por conducir sin licencia habilitante y por existir más de una víctima fatal. Además, se le imputaron lesiones culposas graves agravadas en relación al ocupante que resultó herido.
Los abogados querellantes que representan a las familias de las víctimas adhirieron al planteo del MPF.
Como medidas cautelares, la fiscalía solicitó que el acusado tenga prohibido salir del país y que se presente una vez por semana en una comisaría de la provincia de Buenos Aires, lugar donde reside actualmente. Las medidas fueron solicitadas por un plazo de seis meses.
La jueza de garantías Natalia Pelosso avaló la formulación de cargos y las medidas cautelares solicitadas por la fiscalía, y fijó un plazo de cuatro meses para concluir la investigación.
