La Justicia ratificó que el Gobierno debe aplicar de inmediato la ley de financiamiento universitario
La Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmó la medida cautelar que ordena al Gobierno nacional ejecutar de forma inmediata la ley de financiamiento universitario, al rechazar la apelación presentada por el Poder Ejecutivo.
El fallo obliga a cumplir con los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, que establecen la actualización salarial para docentes y no docentes universitarios desde diciembre de 2023 hasta septiembre de 2025, además de la recomposición de los programas de becas estudiantiles.
En su resolución, los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán cuestionaron los argumentos del Estado, al calificarlos como “poco serios”, y descartaron que la cautelar implique una sentencia definitiva encubierta.
Asimismo, señalaron que el impacto fiscal de la medida es bajo y que no se ve afectado el interés público. Por el contrario, remarcaron que está en juego un derecho central como el acceso a la educación superior pública.
La medida había sido dictada en primera instancia por el juez Enrique Cormick, en el marco de un amparo impulsado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) junto a más de 40 universidades públicas.
En ese fallo inicial, el magistrado había considerado que el decreto que suspendía la aplicación de la ley presentaba rasgos de arbitrariedad e ilegalidad manifiesta, al incumplir obligaciones concretas vinculadas al financiamiento del sistema universitario.
Desde el Gobierno nacional habían cuestionado la decisión judicial al sostener que la norma requiere definir previamente sus fuentes de financiamiento y que su implementación podría afectar el equilibrio fiscal, argumentos que fueron desestimados por la Cámara.
