miércoles 1 de abril de 2026
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Causa planes sociales

Rechazan pedido para suspender plazos en la causa por estafas y asociación ilícita

El juez Luis Giorgetti desestimó el planteo del Ministerio Público Fiscal al considerar que no tiene sustento legal y fue presentado de manera anticipada.
miércoles 01 de abril de 2026

El Ministerio Público Fiscal solicitó la suspensión de los plazos procesales en la causa por presunta asociación ilícita y estafas con planes sociales, al advertir que el proceso podría vencer antes de la resolución de las impugnaciones. Sin embargo, el juez de garantías Luis Giorgetti rechazó el planteo.

El pedido fue formulado por el fiscal del caso, Juan Narváez, con adhesión del representante de la Fiscalía de Estado, Gustavo Kohon, durante una audiencia de control de la investigación.

La fiscalía argumentó que la complejidad del expediente y los tiempos fijados para la audiencia de impugnación —prevista para fines de julio— generan un período prolongado sin actividad judicial que podría comprometer el plazo máximo del proceso, previsto para noviembre de 2026.

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Según expusieron, la causa —iniciada en 2022 y declarada como compleja— incluye múltiples imputados, pericias contables e informáticas y un volumen significativo de pruebas, lo que excede los plazos habituales.

El planteo fue acompañado por la querella institucional, pero rechazado por las defensas, que sostuvieron que no existe normativa que habilite la suspensión en estas condiciones y que el pedido resulta prematuro.

Al resolver, el magistrado consideró que la solicitud carece de sustento legal y que las normas invocadas no aplican al caso. Además, señaló que no corresponde anticipar un eventual vencimiento de plazos cuando aún no se produjo.

También advirtió que una eventual suspensión podría afectar derechos de los imputados, especialmente de aquellos que se encuentran bajo prisión domiciliaria, al implicar una paralización del proceso.

Por otra parte, se recordó que en diciembre pasado un tribunal ya había condenado a doce personas por hechos de estafa cometidos entre 2020 y 2022.

Entre ellos, los exfuncionarios Abel Di Luca, Tomás Siengentharler y Ricardo Soiza, quienes recibieron penas de cinco años de prisión efectiva, además de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.