Reforma de la Ley de Glaciares: el Gobierno redefinió el esquema de protección ambiental
El Gobierno nacional promulgó la ley 27.804, que introduce cambios en la normativa de glaciares vigente desde 2010 y redefine el alcance de la protección ambiental en estos territorios. La medida fue oficializada a través del Decreto 271/2026 publicado en el Boletín Oficial.
La nueva legislación mantiene el objetivo de preservar los glaciares como reservas estratégicas de recursos hídricos, pero incorpora una reinterpretación que refuerza el rol de las provincias en la gestión de los recursos naturales, en línea con el principio de federalismo.
Uno de los puntos centrales de la reforma es la modificación del alcance de protección. A partir de ahora, solo estarán estrictamente resguardados los glaciares y las geoformas periglaciares que cumplan una función hídrica comprobada. Esto abre la posibilidad de habilitar actividades productivas en áreas que anteriormente estaban alcanzadas por restricciones más amplias.
En este nuevo esquema, las provincias tendrán un papel clave, ya que podrán definir —a partir de estudios técnicos— qué zonas deben protegerse y cuáles pueden destinarse a actividades económicas. La medida responde, en parte, a planteos de distritos con fuerte presencia de la actividad minera.
Además, se reemplaza el sistema de prohibiciones generales por un modelo basado en evaluaciones de impacto ambiental caso por caso. Estas deberán ser aprobadas por las autoridades competentes de cada jurisdicción, lo que implica una mayor descentralización en la toma de decisiones.
En cuanto al inventario de glaciares, continuará a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), aunque su rol será principalmente técnico y sin capacidad vinculante sobre las decisiones provinciales.
La norma también incorpora el principio precautorio: todas las geoformas incluidas en el inventario serán consideradas protegidas hasta que estudios científicos determinen lo contrario. Asimismo, se actualizan los mecanismos para incluir o excluir áreas del registro.
Otro aspecto destacado es que todas las actividades deberán contar con evaluación de impacto ambiental previa y, en los casos que corresponda, con instancias de evaluación estratégica y participación ciudadana.
La reforma había sido aprobada por el Congreso el pasado 9 de abril, en una sesión marcada por fuertes debates y posiciones encontradas. Desde el Ejecutivo señalaron que los cambios buscan “ordenar el marco normativo” y compatibilizar la protección ambiental con el desarrollo productivo.
