Formulación de cargos contra el intendente de Plottier
Vignaroli confirmó que le formularon cargos a Bertolini por negociaciones incompatibles y piden prisión domiciliaria por seis meses
El fiscal jefe Pablo Vignaroli confirmó que la jueza dio por formulados los cargos contra el intendente de Plottier, Luis Bertolini, en el marco de una investigación por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública. La decisión se tomó tras dos jornadas de audiencia marcadas por planteos de la defensa, que —según la fiscalía— buscaban impedir que se concretara la imputación.
“La verdad que fueron dos días intensos, básicamente signados por planteos de la defensa de Bertolini que entendemos tenían la finalidad de que no se lleve adelante la audiencia. Pero la jueza dirigió muy bien y fue resolviendo cada uno de los planteos de manera adecuada y detallada”, explicó Vignaroli. Finalmente, indicó, la magistrada tuvo por formulados los cargos tal como había solicitado el Ministerio Público Fiscal.
La imputación se centra en el delito de negociaciones incompatibles con la función pública, que, según el fiscal, se configura cuando desde el Estado se direccionan contrataciones hacia una persona o empresa determinada para beneficiarla, evitando la competencia y la transparencia. “El funcionario municipal debe estar en una posición neutra, lo cual aquí no sucedía porque estaba prácticamente con los mismos intereses que la empresa contratante”, sostuvo.
Vignaroli aclaró además que la formulación de cargos no equivale a un procesamiento. “En este sistema procesal el procesamiento no existe más. La formulación de cargos es el acto mediante el cual se formaliza la investigación, se ponen en conocimiento los hechos y la calificación jurídica”, explicó.
En total son cuatro las personas imputadas por este delito: el intendente, la subsecretaria de Hacienda y otros dos involucrados. La fiscalía también solicitó medidas cautelares y de coerción que serán resueltas en una audiencia posterior. Entre ellas, pidió embargos e inhibiciones generales de bienes para garantizar el eventual pago de multas contempladas por el delito.
Además, el Ministerio Público requirió prisión domiciliaria por seis meses para Bertolini y la prohibición de acercamiento a la municipalidad para otra de las imputadas. Según Vignaroli, estas medidas se solicitaron por el riesgo de entorpecimiento de la investigación, debido a la influencia que los funcionarios podrían ejercer sobre testigos y a las dificultades que tuvo la fiscalía para secuestrar documentación.
El plazo de investigación también fue fijado en seis meses. Durante ese período, la fiscalía analizará alrededor de 160 contratos bajo sospecha, que totalizan un monto aproximado de 2.309 millones de pesos.
El delito de negociaciones incompatibles con la función pública contempla una pena de uno a seis años de prisión, además de una multa que puede ir entre el doble y el cuádruple del beneficio obtenido. En ese marco, la fiscalía solicitó embargos por más de 4.600 millones de pesos.
Cadena Uno
