Narcomenudeo en la cordillera neuquina
Formulan cargos a ocho personas por venta de droga en Junín de los Andes
El Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra ocho personas acusadas de integrar una organización dedicada al comercio de estupefacientes en Junín de los Andes, tras una investigación que permitió reconstruir su funcionamiento, roles y puntos de venta.
La imputación fue realizada por el fiscal jefe Gastón Ávila y el asistente letrado Federico Sura, quienes atribuyeron a los acusados los delitos de comercio y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravados por la participación organizada de tres o más personas.
De acuerdo con la investigación, la organización operó entre enero y fines de abril de 2026, con una estructura jerárquica y división de tareas.
Dos de los imputados encabezaban el grupo, encargándose de la provisión de clorhidrato de cocaína, su fraccionamiento y distribución entre los vendedores.
La banda utilizó distintos domicilios como puntos de acopio, fraccionamiento y venta, primero en calle Los Maitenes, luego en 25 de Mayo y finalmente en el barrio Nehuenche. Los vendedores recibían la droga, la dividían en dosis y la comercializaban, utilizando balanzas de precisión y envoltorios, mientras parte del dinero era transferido mediante billeteras virtuales.
Además, uno de los acusados está señalado por facilitar su vehículo para el traslado de la droga y extender la actividad a San Martín de los Andes.
Durante los allanamientos realizados el 2 de mayo, se secuestraron 187,65 gramos de cocaína, dinero en efectivo, teléfonos celulares, balanzas y otros elementos utilizados para el fraccionamiento.
También se incautaron armas de fuego y municiones sin autorización legal, lo que derivó en imputaciones adicionales por tenencia ilegal de armamento.
La audiencia estuvo a cargo de la jueza de garantías Vanesa Macedo Font, quien avaló la formulación de cargos.
En cuanto a las medidas cautelares, la magistrada rechazó el pedido de prisión domiciliaria solicitado por la fiscalía y dispuso, en cambio, restricciones como la prohibición de contacto entre los imputados y con personas vinculadas a la investigación, además de presentaciones periódicas.
Tras la resolución, los representantes del MPF solicitaron la revisión de la decisión en relación al rechazo de las prisiones domiciliarias, mientras la causa continúa su curso en la etapa de investigación.
