ARCA acusó al “Chiqui” Tapia de integrar una asociación ilícita fiscal
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) amplió la denuncia penal contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y acusó a su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia, de integrar una presunta asociación ilícita fiscal vinculada a maniobras de evasión millonaria mediante empresas fantasma y facturación apócrifa.
La presentación judicial fue realizada ante el juzgado penal económico de Diego Amarante, que ya investigaba a la AFA por supuesta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social por casi 19 mil millones de pesos.
Según la denuncia, el esquema habría funcionado entre 2023 y 2025 y tenía como objetivo ocultar el destino de fondos y reducir cargas impositivas mediante operaciones simuladas. ARCA sostiene que la maniobra generó una evasión estimada en más de 289 millones de pesos.
Además de Tapia, el organismo incluyó en la acusación al tesorero Pablo Toviggino, al secretario Víctor Blanco Rodríguez, al dirigente Cristian Malaspina y al director general Gustavo Lorenzo, y pidió que todos sean convocados a declaración indagatoria.
De acuerdo con la investigación, la AFA habría contratado supuestos servicios y obras con firmas sin capacidad económica ni operativa real. Entre las empresas señaladas aparecen Construcciones Far West SRL, Maxstore SA, Meroka SRL y Luicom SA, que según ARCA tenían domicilios inexistentes, carecían de empleados registrados y presentaban actividades incompatibles con los montos facturados.
La denuncia también sostiene que gran parte de los pagos se realizaban mediante cheques que circulaban a través de múltiples endosos, una metodología que habría permitido fragmentar la trazabilidad del dinero y ocultar a los beneficiarios finales.
Como parte de la investigación, se detectó que algunos de esos cheques terminaron utilizados para operaciones de compra de hacienda y pagos a frigoríficos, lo que para el organismo recaudador representa un patrón típico de maniobras destinadas a encubrir el verdadero destino de los fondos.
Ahora la Justicia deberá analizar la documentación presentada y resolver si avanza con las indagatorias y nuevas medidas sobre la estructura financiera investigada.
