lunes 11 de mayo de 2026
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La UNRN denunció ante la ONU una “regresividad sin precedentes” por el ajuste a las universidades

El rector de la Universidad Nacional de Río Negro pidió la intervención de Naciones Unidas por el fuerte recorte presupuestario y salarial que afecta al sistema universitario argentino. Advirtió sobre una crisis educativa, científica e institucional.
lunes 11 de mayo de 2026

La Universidad Nacional de Río Negro presentó una denuncia formal ante la Organización de las Naciones Unidas para advertir sobre la crítica situación presupuestaria e institucional que atraviesan las universidades públicas del país.

El rector Anselmo Torres solicitó la intervención de la Relatora Especial de la ONU sobre el Derecho a la Educación, Farida Shaheed, al considerar que Argentina atraviesa un proceso de “regresividad” incompatible con los compromisos internacionales asumidos en materia de derechos sociales y educativos.

La presentación fue enviada al sistema de Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y apunta directamente al impacto del ajuste presupuestario sobre el sistema universitario nacional.

La UNRN alertó por una caída histórica del financiamiento universitario

En el documento, la universidad expuso cifras que describen un fuerte deterioro del financiamiento educativo en los últimos años.

Según la denuncia, las transferencias a las universidades nacionales registraron una caída real acumulada del 45,6% entre 2023 y 2026. Además, el presupuesto universitario pasó de representar el 0,718% del Producto Interno Bruto en 2023 al 0,431% en la actualidad.

La UNRN sostuvo que el recorte afecta el funcionamiento cotidiano de las instituciones, compromete investigaciones científicas y pone en riesgo programas de inclusión educativa en distintas regiones del país.

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Salarios universitarios, becas y ciencia: los sectores más afectados

Uno de los puntos más sensibles planteados en la denuncia es la pérdida del poder adquisitivo de docentes y trabajadores no docentes.

De acuerdo al informe presentado por la universidad, los salarios del sector sufrieron una caída real del 32% frente a la inflación y alcanzaron el nivel más bajo de los últimos 23 años.

La presentación también señala que las Becas Progresar tuvieron un recorte nominal del 82% entre 2025 y 2026, mientras que la inversión en ciencia y técnica universitaria cayó a menos del 40% de lo ejecutado dos años atrás.

En paralelo, las partidas destinadas a infraestructura y extensión universitaria registraron una ejecución real cercana al 0%, afectando especialmente a estudiantes vulnerables y regiones alejadas de los grandes centros urbanos, como la Patagonia.

Conflicto institucional por la ley de financiamiento universitario

La UNRN también denunció un conflicto institucional entre el Poder Ejecutivo y el Congreso por la aplicación de la Ley Nº 27.795 de financiamiento universitario.

Según detalló el rectorado, el gobierno de Javier Milei vetó inicialmente la norma, aunque posteriormente el Congreso logró ratificarla mediante mayoría agravada.

Sin embargo, el Ejecutivo suspendió su implementación a través del Decreto Nº 759/2025, lo que derivó en presentaciones judiciales impulsadas por universidades nacionales.

La presentación ante la ONU sostiene que la Justicia Federal falló en primera y segunda instancia a favor de las universidades, ordenando aplicar las actualizaciones salariales y presupuestarias previstas por ley.

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La UNRN pidió intervención urgente de Naciones Unidas

En el tramo final de la denuncia, el rector Anselmo Torres solicitó que Naciones Unidas requiera información urgente al Estado argentino y recomiende medidas para garantizar el cumplimiento efectivo del derecho a la educación superior.

Desde la universidad remarcaron que el conflicto excede una discusión presupuestaria y advirtieron que está en juego “la supervivencia de instituciones estratégicas para la ciencia, la tecnología y la democracia”.

La presentación se produce en medio de un escenario de creciente tensión entre las universidades públicas y el Gobierno nacional por el financiamiento del sistema educativo superior en Argentina.

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