Conflicto gremial judicializado
Piden llevar a juicio a tres municipales por daños durante una protesta en Chos Malal
La fiscal del caso, Natalia Rivera, requirió la apertura a juicio contra tres trabajadores municipales acusados de causar daños en el edificio de la Secretaría de Economía y Recursos Públicos de la Municipalidad de Chos Malal durante una protesta gremial realizada en abril pasado.
La presentación fue realizada el viernes y marcó el cierre de la etapa de investigación preparatoria. Ahora, resta que la Oficina Judicial fije la fecha para la audiencia de control de acusación, paso previo al juicio oral.
La acusación alcanza a dos mujeres identificadas como M.M. y M.A.M.M., y a un hombre, J.A.A., quienes están imputados por el delito de daño agravado en calidad de coautores.
Durante una audiencia realizada ese mismo día, el juez de garantías Ignacio Pombo resolvió prorrogar hasta el 7 de junio las medidas cautelares impuestas, que incluyen la prohibición de acercamiento al edificio de Recaudaciones de la Municipalidad y la restricción de contacto con trabajadores municipales vinculados al expediente.
Según la acusación del Ministerio Público Fiscal, el hecho ocurrió el 15 de abril de 2026, entre las 5:27 y las 9 de la mañana, en el marco de una medida de fuerza impulsada por integrantes del gremio SOYEM frente al edificio municipal.
De acuerdo con la reconstrucción fiscal, una de las imputadas inició un foco ígneo frente al sector de Rentas y Recaudaciones mediante la quema de neumáticos y otros elementos combustibles. Posteriormente, la otra acusada y el imputado habrían acercado deliberadamente el recipiente en combustión hacia el ingreso del inmueble.
El accionar provocó daños en la fachada, cartelería institucional y sectores superiores de la estructura, incluida una ampliación en construcción.
La fiscalía sostuvo además que la maniobra puso en riesgo la integridad física de empleados municipales que ingresaban al edificio durante la mañana, debido a la propagación del humo y el fuego hacia oficinas ubicadas en el primer piso.
En el requerimiento, Rivera ofreció como prueba testimonios, informes técnicos, documentación municipal, actuaciones policiales y registros fílmicos recolectados durante la investigación.
Debido a que la pretensión punitiva provisoria es inferior a tres años de prisión, el Ministerio Público solicitará que el juicio sea llevado adelante por un tribunal unipersonal.
