Seguridad e inversiones
Nación creó una mesa especial para blindar proyectos del RIGI ante amenazas criminales
Con el objetivo de proteger los proyectos incluidos en el Régimen de Incentivos para Grandes Inversores (RIGI), el Ministerio de Seguridad Nacional creó la Mesa de Coordinación para la Seguridad de Inversiones Estratégicas, un espacio interinstitucional destinado a prevenir y mitigar riesgos asociados al narcotráfico y la criminalidad organizada.
La medida fue oficializada a través de la Resolución 461/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial, y busca resguardar tanto las inversiones estratégicas como las áreas de influencia y la infraestructura crítica vinculada a su desarrollo.
Desde el Gobierno nacional explicaron que el crecimiento del volumen de inversiones y su distribución territorial generan condiciones que pueden ser aprovechadas por organizaciones criminales transnacionales para actividades ilícitas como lavado de dinero, extorsión, corrupción, infiltración financiera y provisión irregular de bienes y servicios.
“Los grandes proyectos de inversión pueden constituirse en objetivos de interés para estructuras delictivas complejas que procuren captar rentas ilícitas o encubrir flujos financieros de origen ilegal”, sostiene el texto oficial.
Actualmente, el RIGI cuenta con una decena de proyectos aprobados por más de 13 mil millones de dólares, además de más de 20 iniciativas en evaluación, distribuidas en provincias como Neuquén, Río Negro, Mendoza, Salta, Catamarca, San Juan y Buenos Aires.
La cartera nacional consideró que este escenario exige mecanismos específicos de prevención temprana, protocolos sectoriales de seguridad, sistemas de reporte de riesgos y capacitación articulada entre organismos nacionales y provinciales.
La nueva mesa estará integrada por la Secretaría de Seguridad Nacional, la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada, la Unidad Antimafia, el Centro Regional de Información para la Lucha contra las Drogas y las fuerzas federales de seguridad.
Además, podrán sumarse organismos provinciales, fuerzas policiales locales, el Ministerio de Economía y la SEDRONAR, según la naturaleza de cada proyecto.
La coordinación operativa estará a cargo de la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada, mientras que la Unidad Antimafia y el Centro Regional actuarán como áreas técnicas de análisis de amenazas.
La medida impacta especialmente en provincias como Neuquén, donde el desarrollo energético vinculado a Vaca Muerta concentra algunas de las inversiones estratégicas más importantes del país y requiere esquemas reforzados de seguridad institucional y territorial.
