Negociación con las casas de estudio
El Gobierno busca un acuerdo con las universidades para cerrar el conflicto judicial por el financiamiento
Tras la cuarta Marcha Federal Universitaria realizada la semana pasada, el Gobierno nacional trabaja en una propuesta para destrabar el conflicto con las universidades públicas por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, que actualmente se encuentra judicializada.
La iniciativa del Ejecutivo consiste en transferir fondos contemplados en su propio proyecto de reforma presentado en el Congreso, a cambio de que las casas de estudio retiren la medida cautelar que espera resolución de la Corte Suprema.
Según trascendió, el ofrecimiento incluiría una recomposición salarial para docentes correspondiente únicamente a 2025, dejando afuera la pérdida acumulada durante 2024. Además, los incrementos se aplicarían en tres tramos y sin una actualización automática atada a la inflación, como sí establece la normativa vigente.
La cautelar presentada por las universidades reclama que el Gobierno cumpla con los aumentos en salarios y becas de acuerdo con el índice inflacionario. De prosperar ese planteo judicial, el Ejecutivo debería desembolsar alrededor de 2,5 billones de pesos.
Desde el oficialismo aseguran que las partidas necesarias cuentan con el aval del Ministerio de Economía y podrían ejecutarse sin necesidad de pasar nuevamente por el Congreso, una vez alcanzado un acuerdo político.
Sin embargo, desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) desmintieron haber recibido una propuesta formal. “No hay nada de nada”, señalaron fuentes del organismo.
En paralelo, continúa pendiente una reunión entre el Ministerio de Capital Humano y las universidades con hospitales, que reclaman la ejecución de una partida de 79 mil millones de pesos destinada al funcionamiento del sistema sanitario universitario.
La diferencia central entre ambas posturas radica en que la ley vigente exige una recomposición integral de partidas presupuestarias y actualización automática frente a la inflación, mientras que el proyecto oficialista limita la recomposición y condiciona nuevas actualizaciones a que la inflación anual supere determinados parámetros.
El conflicto sigue abierto y podría definirse tanto en el plano político como en el judicial durante las próximas semanas.
