Amplían la investigación contra Gloria Ruiz: nuevos imputados y más cargos por presunta administración fraudulenta

Neuquén- El fiscal del caso Juan Narváez presentó nuevos cargos contra la exvicegobernadora Gloria Ruiz y amplió la investigación por presunta administración fraudulenta en perjuicio del Estado provincial.

Durante una audiencia realizada este lunes, el fiscal incorporó como imputados a S.R., P.A.S., P.S. y M.A.C., y además amplió las acusaciones que ya pesaban sobre la exsecretaria de Cámara de la Legislatura, María Isabel Ricchini, y la exprosecretaria administrativa, Élida Noemí Sánchez.

El juez de garantías Juan Manuel Kees dispuso un cuarto intermedio hasta el próximo jueves para continuar con la audiencia, a la espera de las respuestas de las defensas y la presentación de un hecho adicional por parte de la fiscalía. Luego deberá resolver si avala la formulación de cargos y define nuevos plazos de investigación ante la incorporación de más imputados.

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Tres maniobras bajo investigación

Uno de los hechos centrales está vinculado a la contratación de la empresa Big Sur Marketing, por un monto de $45.012.000. Según la fiscalía, la contratación directa se realizó sin cumplir los procedimientos establecidos por la Ley 2141, pese a que correspondía un mecanismo de selección formal. En este punto, S.R. fue imputado como partícipe necesario de administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública.

Otro tramo de la investigación refiere a 16 contrataciones por servicios gráficos y publicitarios con P.A.S., por un total de $45.482.688,05. El Ministerio Público Fiscal sostiene que las prestaciones se realizaban previamente y luego se regularizaban administrativamente, con intervención de exfuncionarios legislativos. Por este hecho, P.A.S. también fue imputado como partícipe necesario.

El tercer hecho apunta a una presunta contratación irregular para sostener la continuidad laboral de P.S. en el área de prensa de la Legislatura, pese a haber sido dado de baja formalmente. Según la acusación, se utilizó un contrato a nombre de M.A.C., quien habría recibido pagos por un total de $19.503.000 sin prestar servicios reales.

La fiscalía sostiene que esta maniobra permitió canalizar fondos públicos en beneficio indirecto de un exfuncionario, eludiendo las restricciones legales vigentes para contrataciones estatales.

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La causa sigue avanzando

El equipo de la fiscalía de Delitos Económicos considera que las maniobras investigadas constituyen administración fraudulenta agravada en perjuicio del Estado provincial y habrían generado un perjuicio millonario.

Mañana, el juez de garantías definirá si da por formulados los cargos y cómo continuará la investigación, en un expediente que sigue sumando imputados y hechos bajo análisis.