El Gobierno nacional modernizó la reglamentación de la Ley de Inversiones Mineras tras más de 30 años

El Gobierno nacional aprobó una actualización integral de la reglamentación de la Ley de Inversiones Mineras (Ley 24.196) mediante el Decreto 482/2026, con el objetivo de modernizar un marco normativo que se mantenía vigente desde hace más de tres décadas.

Al anunciar la medida, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, destacó el potencial del país para el desarrollo minero y sostuvo que la actividad requiere “reglas claras, simples y previsibles” para atraer inversiones.

Entre las principales modificaciones se encuentra la incorporación obligatoria del domicilio legal electrónico para todas las empresas inscriptas en el régimen, la digitalización de trámites vinculados a importaciones de bienes destinados a proyectos mineros y la simplificación de los procedimientos para acceder a beneficios como la estabilidad fiscal y la devolución acelerada del IVA durante la etapa de exploración.

La nueva reglamentación también establece criterios más claros para la inscripción y permanencia de prestadores de servicios mineros, al tiempo que amplía el alcance de la integración regional entre yacimientos y plantas de beneficio, permitiendo su vinculación dentro de un radio de hasta 500 kilómetros.

Además, se reducen requisitos documentales y se impulsa la gestión electrónica de los trámites administrativos mediante plataformas digitales del Estado.

Según explicó Sturzenegger, uno de los objetivos centrales de la reforma es reemplazar controles previos por mecanismos más ágiles.

Lee también: Los argentinos piden salarios más altos, pero las expectativas vuelven a quedar detrás de la inflación

En ese sentido, destacó que la importación de bienes de capital, equipos, partes y repuestos para la actividad minera dejará de requerir autorizaciones previas y pasará a realizarse mediante declaraciones juradas sujetas a controles posteriores.

En materia ambiental, el decreto armoniza las disposiciones del régimen minero con la Ley General del Ambiente.

Entre los cambios, se establece que el Seguro Ambiental Obligatorio podrá utilizarse para acreditar garantías destinadas a la remediación ambiental, evitando superposiciones regulatorias y fortaleciendo los mecanismos de control.

Desde el Gobierno nacional señalaron que la reforma apunta a reducir costos administrativos, brindar mayor transparencia y generar condiciones más competitivas para el desarrollo de una actividad considerada estratégica por su capacidad de atraer inversiones, generar empleo y aumentar las exportaciones del país.