La Corte Suprema dejó firme el decomiso de $685.000 millones contra Cristina Kirchner en la causa Vialidad

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme este jueves la actualización del decomiso dispuesto en la causa Vialidad contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el resto de los condenados, al rechazar los recursos que buscaban frenar la ejecución de la medida.

Con esta decisión, el monto del decomiso pasó definitivamente de 85.000 millones a 685.000 millones de pesos, conforme a la actualización realizada por el Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema.

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La resolución fue firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes también rechazaron los planteos de nulidad y los pedidos para suspender las medidas patrimoniales vinculadas al decomiso.

Avanza la ejecución de bienes

La decisión judicial permite continuar con el proceso de ejecución sobre un total de 111 bienes alcanzados por la condena.

En ese marco, el Tribunal Oral Federal N° 2 ya inició la tasación de distintas propiedades ubicadas en el sur del país como parte del procedimiento previo a un eventual remate.

El mismo criterio fue aplicado al recurso presentado por el empresario Lázaro Báez, también condenado en la causa a seis años de prisión por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

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Qué investigó la causa Vialidad

La causa investigó presuntas irregularidades en la adjudicación de 51 obras públicas viales en la provincia de Santa Cruz entre los años 2003 y 2015.

Según determinó la Justicia, las licitaciones beneficiaron de manera sistemática al Grupo Austral, propiedad de Lázaro Báez, mediante un esquema considerado fraudulento en perjuicio del Estado nacional.

Por estos hechos fueron condenados Cristina Fernández de Kirchner, Lázaro Báez y otros exfuncionarios por el delito de administración fraudulenta.

Los argumentos de la defensa

La defensa de la exmandataria había cuestionado la actualización del decomiso al sostener que la medida excedía el ámbito del proceso penal y debía tramitarse en la Justicia civil.

Además, argumentó que existía una superposición de procesos patrimoniales y que el período tomado para calcular el decomiso debía limitarse al tiempo en que Cristina Kirchner ejerció la Presidencia.

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Sin embargo, tanto la Cámara Federal de Casación Penal como ahora la Corte Suprema rechazaron esos planteos y ratificaron que el decomiso constituye una consecuencia penal derivada de la condena.

Con este fallo, quedó firme tanto la actualización del monto como la continuidad de las medidas destinadas a ejecutar los bienes de los condenados para hacer efectivo el decomiso dispuesto por la Justicia.