El Gobierno impulsa un amplio proyecto de desregulación que alcanza a farmacias, transporte, agro y mercados financieros

El Gobierno nacional impulsa un nuevo proyecto de desregulación económica que propone modificar o eliminar una amplia cantidad de leyes para liberalizar actividades, reducir la intervención estatal y facilitar la digitalización de procedimientos en distintos sectores productivos y comerciales.

El anteproyecto, elaborado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que conduce Federico Sturzenegger, contiene más de un centenar de artículos distribuidos en ocho títulos y plantea una profunda reforma sobre normas vinculadas con farmacias, transporte marítimo, mercados financieros, corretaje, actividad agropecuaria, cultura y comercio.

Entre las principales modificaciones figura una reforma de la Ley de Farmacias, que habilita la venta digital de medicamentos bajo receta, la entrega a domicilio, la comercialización de medicamentos de venta libre fuera de las farmacias y la digitalización de recetas y registros.

También se flexibiliza el régimen societario para estos establecimientos.

En el sector del gas licuado de petróleo (GLP), el proyecto limita la intervención estatal exclusivamente a cuestiones de seguridad y elimina la posibilidad de regular precios, volúmenes, márgenes de rentabilidad o condiciones comerciales, además de proponer la derogación de la Ley 26.020.

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La iniciativa también elimina restricciones para el ejercicio del corretaje. De prosperar, bastará con ser mayor de edad y contar con título secundario para desempeñar la actividad, que podrá realizarse mediante plataformas digitales y bajo cualquier forma societaria permitida.

En materia cultural, el proyecto propone derogar la Ley de Precio Uniforme del Libro y la normativa que regulaba la industria del doblaje, al tiempo que simplifica el régimen de promoción editorial y concentra la autoridad de aplicación en la Secretaría de Cultura.

Para el sector agropecuario, el texto elimina las contribuciones obligatorias que financian al Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) a partir de octubre de 2027 y deroga las leyes que regulan los contratos de arrendamientos rurales y aparcerías. Además, incorpora cambios en la normativa vitivinícola y propone la disolución de la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR), cuyos recursos remanentes pasarían al Instituto Nacional de Vitivinicultura.

Otro de los capítulos más relevantes apunta al transporte marítimo, al habilitar que buques extranjeros puedan realizar transporte de cabotaje dentro del territorio argentino bajo un esquema gradual de incorporación de tripulación nacional. También se reducen aranceles para la importación de embarcaciones y se digitaliza la documentación del sector.

En el sistema financiero, el proyecto incorpora el reconocimiento legal de contratos inteligentes, tecnología blockchain y activos digitales para operaciones de garantía, fideicomisos y mercado de capitales.

Asimismo, habilita la emisión y negociación electrónica de diversos instrumentos financieros y amplía las facultades de la Comisión Nacional de Valores.

El Gobierno sostiene que el objetivo de la iniciativa es fomentar la competencia, facilitar la incorporación de nuevas tecnologías, reducir costos regulatorios y promover una mayor libertad económica.

De ser aprobado por el Congreso, el proyecto implicaría una de las reformas regulatorias más amplias de los últimos años en Argentina.