El custodio de Maradona declaró que el Diez reclamaba la presencia de Leopoldo Luque antes de morir

En una nueva audiencia del juicio por la muerte de Diego Maradona, declaró este martes Martín "Chori" Domínguez, uno de los custodios que acompañó al exfutbolista durante su internación domiciliaria en una vivienda de Tigre.

El testigo aseguró que Maradona presentaba una marcada retención de líquidos y que, en reiteradas oportunidades, reclamaba la presencia del neurocirujano Leopoldo Luque, uno de los principales imputados en la causa.

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"Las pocas veces que lo vi estaba hinchado. Tenía como retención de líquidos", expresó Domínguez ante el tribunal. Además, explicó que transmitió esa preocupación a Luque, quien le respondió que el cuadro era consecuencia del postoperatorio.

Según su relato, también le solicitó al médico que se acercara al domicilio porque "Diego quería que fuera su médico personal". El custodio sostuvo que Luque no acudía con frecuencia a la vivienda y que nunca le informó que ya no era el médico tratante del exfutbolista.

Domínguez describió además el deterioro físico y anímico de Maradona durante sus últimos días. Señaló que no quería bañarse, permanecía encerrado en su habitación, tenía dificultades para alimentarse y necesitó la instalación de un baño dentro del dormitorio debido a sus problemas de movilidad.

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Otro dato relevante aportado por el testigo fue que cuatro días antes de la muerte de Maradona, el exjugador pidió salir de la casa. El personal de seguridad lo llevó a dar una vuelta en camioneta fuera del barrio privado y luego informó esa salida a Luque.

La audiencia forma parte del segundo juicio por la muerte del excapitán de la Selección argentina, fallecido el 25 de noviembre de 2020. En la causa están imputados el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, la médica Nancy Forlini, el clínico Pedro Di Spagna, el enfermero Ricardo Almirón y el coordinador Mariano Perroni, todos acusados de homicidio simple con dolo eventual, delito que prevé penas de entre ocho y 25 años de prisión.