Bullrich acordó elevar al 25% el límite de tierras rurales en manos de extranjeros para intentar salvar la ley

Patricia Bullrich confirmó este martes un nuevo acuerdo dentro del oficialismo para destrabar el proyecto de modificación del régimen de tierras rurales y lograr su aprobación en el Senado. La principal modificación establece que el límite de tierras en manos de extranjeros pasará del 15% al 25% por provincia.

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La jefa del bloque oficialista en la Cámara alta anunció el cambio junto al presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, y los titulares de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General. Sin embargo, todavía no confirmó públicamente la cantidad de votos asegurados ni si el Gobierno nacional avaló la versión definitiva del proyecto.

La iniciativa llegará al recinto este jueves luego de atravesar un extenso proceso de negociación. Desde que obtuvo dictamen en mayo, el proyecto tuvo al menos 17 versiones diferentes, reflejo de las dificultades del oficialismo para alcanzar acuerdos con sectores aliados.

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Qué cambia con el nuevo proyecto

El texto mantiene la prohibición para que Estados extranjeros puedan adquirir tierras rurales. En cambio, permite que empresas con participación estatal extranjera puedan acceder a propiedades rurales siempre que cuenten con autorización de la provincia correspondiente y del Poder Ejecutivo Nacional.

El nuevo límite del 25% será aplicado sobre el total de tierras rurales que puedan estar en manos de personas físicas o jurídicas extranjeras dentro de cada provincia.

El desafío: conseguir los votos y sostener el quórum

Más allá de las modificaciones, el principal desafío del oficialismo será reunir los apoyos necesarios para aprobar la iniciativa y garantizar el quórum durante la sesión.

Bullrich aseguró que el Gobierno contará con las voluntades "suficientes" para avanzar con el proyecto, aunque entre los bloques aliados todavía existen dudas sobre el resultado final de la votación.

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Otros cambios incluidos en la iniciativa

Además del régimen de propiedad de tierras, el proyecto incorpora modificaciones vinculadas a las expropiaciones, los desalojos y la denominada ley de fuego, una normativa impulsada años atrás que establece restricciones sobre terrenos afectados por incendios.

El oficialismo sostiene que los cambios buscan eliminar trabas sobre el uso productivo de tierras afectadas, mientras que la oposición cuestiona algunos de los puntos incluidos en la reforma.