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Denunciaron a Mercado Libre por presunta usura y piden frenar los cobros

Mercado Libre fue denunciado por presunta usura por las tasas de sus créditos. Piden suspender los cobros mientras avanza la investigación judicial.
sábado 22 de agosto de 2026

Mercado Libre quedó bajo la lupa de la Justicia a raíz de una denuncia penal por presunta usura vinculada con las tasas de los créditos que ofrece a través de Mercado Pago y Mercado Crédito. La presentación cuestiona costos financieros que, según documentación incorporada al expediente, pueden alcanzar un CFTEA máximo de 1.375,94%.

La denuncia fue presentada por el dirigente del Partido Obrero y exlegislador porteño Gabriel Solano, quien además amplió su presentación para solicitar que se suspendan de manera provisoria los cobros de los préstamos involucrados mientras se investiga el caso.

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Hasta el momento, no existe una resolución judicial que haya determinado que las tasas sean ilegales ni una orden para suspender los créditos o sus cobranzas.

La causa tramita ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°53, con intervención de la Fiscalía N°60. La investigación apunta a determinar si las condiciones de determinados préstamos pueden encuadrarse en el delito de usura previsto por el Código Penal.

De dónde surge la tasa cuestionada

Uno de los principales puntos de la denuncia es el costo financiero de algunos préstamos. Según el relevamiento de las condiciones publicado durante agosto, los valores podían ubicarse en distintos rangos según el perfil de cada cliente.

La documentación mencionada en la presentación judicial registra una Tasa Nominal Anual de entre 48% y 249%, mientras que la Tasa Efectiva Anual se ubicaba entre 60,12% y 863,48%.

En el caso del Costo Financiero Total Efectivo Anual, el rango informado iba desde 76,36% hasta un máximo de 1.375,94%.

Sin embargo, ese último porcentaje requiere una aclaración: no significa que todos los usuarios de Mercado Pago paguen una tasa del 1.375% ni que un préstamo deba devolverse automáticamente multiplicado por ese porcentaje.

El CFTEA incorpora intereses, impuestos, cargos y otros costos de la financiación y los expresa en términos anuales. Por eso, en créditos de plazos cortos puede mostrar porcentajes muy elevados debido a la forma en que se anualizan esos costos.

Las condiciones también varían de acuerdo con el perfil de riesgo de cada usuario. Mercado Pago sostiene que quienes tienen un buen historial de pago pueden acceder a mejores condiciones, mientras que los clientes con menor información crediticia pueden recibir inicialmente tasas más elevadas.

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Qué reclama la denuncia

La presentación de Solano sostiene que determinadas condiciones crediticias podrían constituir usura y pide que la Justicia investigue a quienes tuvieron responsabilidad en la definición de la política de tasas.

El planteo se basa en el artículo 175 bis del Código Penal, que contempla el delito de usura cuando alguien, aprovechándose de la necesidad, ligereza o inexperiencia de otra persona, obtiene intereses u otras ventajas económicas consideradas evidentemente desproporcionadas.

La existencia de una tasa elevada, por sí sola, no determina automáticamente la configuración del delito. La Justicia deberá analizar también las circunstancias en las que fueron otorgados los créditos y si existió un aprovechamiento de la situación del usuario.

En una ampliación presentada el 19 de agosto, Solano solicitó además una medida cautelar para que Mercado Pago y Mercado Crédito suspendan provisoriamente los cobros de los préstamos cuestionados mientras avanza la investigación.

Ese pedido todavía debe ser resuelto. Por lo tanto, los usuarios que tengan créditos vigentes no tienen una autorización judicial para dejar de pagar sus cuotas.

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La respuesta de Mercado Pago

Desde la compañía explicaron que las condiciones de los préstamos se determinan de manera individual y dependen, entre otros factores, del riesgo crediticio de cada usuario.

La empresa sostiene que el comportamiento de pago permite mejorar las condiciones de financiación y que sus tasas pueden resultar competitivas frente a las de otros proveedores de crédito.

También señaló que el costo del financiamiento está condicionado por factores como el riesgo de incobrabilidad, los impuestos y el costo que afrontan las compañías para obtener los fondos que luego destinan a los préstamos.

El debate se da además en un contexto de fuerte crecimiento del crédito otorgado por fintech y proveedores no financieros. Millones de personas utilizan actualmente estas plataformas para acceder a préstamos, incluso usuarios que tienen dificultades para obtener financiamiento a través de los bancos tradicionales.

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Protestas frente a la empresa

La discusión judicial también derivó en protestas. La organización Libres del Sur convocó a un boicot contra Mercado Libre, Mercado Pago y Mercado Crédito y posteriormente realizó una manifestación frente a las oficinas de la compañía en el barrio porteño de Saavedra.

Los manifestantes cuestionaron el costo de los préstamos y reclamaron una reducción de las tasas, mecanismos de refinanciación para los deudores y la devolución de los intereses que consideran excesivos.

El conflicto también llegó al Gobierno. El ministro de Economía, Luis Caputo, se refirió al nivel de las tasas de las billeteras digitales y sostuvo que actualmente no existe una prohibición que impida cobrar esos valores. Al mismo tiempo, calificó ese esquema como un “negocio equivocado”.

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Qué deberá definir ahora la Justicia

El próximo paso será determinar si la Justicia acepta o rechaza el pedido para suspender provisoriamente los cobros. En paralelo, la investigación deberá establecer qué tasas fueron efectivamente aplicadas, cuántos usuarios accedieron a los créditos con las condiciones más elevadas y cómo fueron determinadas.

También deberá analizarse si las condiciones denunciadas reúnen todos los elementos necesarios para configurar el delito de usura.

Por ahora, el caso se encuentra en etapa de investigación y Mercado Libre no fue condenado por usura. La discusión judicial pondrá bajo análisis el costo de los créditos digitales y, en particular, hasta qué punto las tasas que pueden alcanzar determinados préstamos resultan compatibles con las normas argentinas.

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