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Cerimedo suma otra prisión preventiva en Bolivia: estará detenido seis meses por una nueva causa

l consultor político argentino recibió una segunda medida de detención preventiva, esta vez por una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. Ya se encontraba detenido en Bolivia por otra causa.
domingo 30 de agosto de 2026

La Justicia de Bolivia dictó este sábado una segunda prisión preventiva contra el consultor político argentino Fernando Cerimedo, en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

La medida fue resuelta por el juez Douglas Borda luego de una audiencia virtual que se extendió durante unas seis horas. El magistrado dispuso que Cerimedo cumpla seis meses de prisión preventiva en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, en el altiplano de La Paz.

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El consultor participó de la audiencia de manera virtual desde el penal de Palmasola, en Santa Cruz de la Sierra, donde ya permanece detenido por otra causa.

Por el momento, no está definido cómo se concretará un eventual traslado, ya que Cerimedo cumple allí una primera prisión preventiva por seis meses en una investigación vinculada a una denuncia por tentativa de feminicidio presentada por su expareja, la abogada boliviana Nadia Beller.

Durante la audiencia, Cerimedo negó que exista riesgo de fuga y aseguró que pretende permanecer en Bolivia para afrontar las investigaciones.

“Yo no me voy a fugar, señor juez. Yo quiero terminar este proceso porque me arruinaron la vida”, afirmó durante su intervención, según consignó la prensa boliviana.

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Las causas que enfrenta Cerimedo

La nueva investigación por presunto enriquecimiento ilícito se suma a otros expedientes que involucran al consultor argentino.

Uno de ellos está relacionado con la denuncia por tentativa de feminicidio contra Beller, quien sobrevivió a tres disparos. También existen investigaciones por presunta violencia intrafamiliar y legitimación de ganancias ilícitas, además de otra pesquisa vinculada a un supuesto caso de tráfico de drogas.

En el marco de los allanamientos realizados en propiedades relacionadas con Cerimedo, la Fiscalía boliviana informó el secuestro de unos 500.000 dólares en efectivo, además de moneda boliviana y euros.

Durante la audiencia, el argentino sostuvo que sus ingresos anuales rondan el millón de dólares y explicó que ese dinero proviene de su actividad como consultor y estratega político.

El cruce con el vicepresidente de Bolivia

La audiencia también estuvo marcada por la intervención del vicepresidente boliviano, Edmand Lara, quien solicitó que Cerimedo fuera trasladado al penal de máxima seguridad de Chonchocoro.

El consultor cuestionó la participación del funcionario y negó haber tenido un rol dentro de la estructura formal del Gobierno boliviano.

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Su defensa también objetó la nueva prisión preventiva. El abogado Ernesto Giraldes sostuvo que la Fiscalía no logró demostrar de qué manera su defendido habría perjudicado al Estado y adelantó que la resolución será cuestionada.

Además, el defensor manifestó preocupación por la seguridad de Cerimedo ante un eventual traslado a otro establecimiento penitenciario.

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La polémica por una tarjeta como “asesor principal”

Durante la audiencia también se discutió una tarjeta personal encontrada en poder de Cerimedo en la que figuraba como “asesor principal” del presidente boliviano Rodrigo Paz.

El consultor negó que se tratara de un cargo oficial. Según explicó, había solicitado un modelo de tarjeta con esa denominación, pero finalmente nunca llegó a imprimirse porque el puesto no formaba parte de la estructura estatal.

Cerimedo sí reconoció haber trabajado como consultor de Paz durante la campaña electoral y durante los primeros meses de la nueva administración, aunque negó haber ocupado un cargo formal dentro del Gobierno.

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El presidente Rodrigo Paz, por su parte, había tomado distancia públicamente del argentino y aseguró que Cerimedo nunca tuvo autorización para representar a la Presidencia, al Gobierno boliviano ni a su familia.

Con esta nueva resolución, Cerimedo queda alcanzado por una segunda medida de prisión preventiva mientras la Justicia boliviana continúa avanzando en las distintas investigaciones abiertas en su contra.

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