Malvinas: el Gobierno endurece la ofensiva contra las petroleras

El Gobierno de Javier Milei profundizará su ofensiva contra las empresas vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en las aguas próximas a las Islas Malvinas. El vocero presidencial Adrián Ravier confirmó que se ampliarán las denuncias judiciales existentes y que también se avanzará contra directivos, proveedores y otras personas vinculadas con las operaciones.

La estrategia oficial se apoya en la Ley 26.659, que establece restricciones para las actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina sin autorización de las autoridades nacionales. A comienzos de septiembre, además, el Gobierno designó a la Cancillería como autoridad de aplicación de esa normativa y aceleró los procedimientos administrativos para investigar posibles incumplimientos.

Qué empresas están en la mira

Según explicó Ravier en Casa Rosada, las nuevas presentaciones no quedarán limitadas a las compañías que figuran formalmente en los proyectos. El Ejecutivo buscará identificar también a directores, gerentes, administradores, representantes y otras personas que hayan intervenido en decisiones vinculadas con las actividades hidrocarburíferas cuestionadas.

La primera denuncia de esta nueva etapa alcanzó a Navitas Petroleum, sus subsidiarias británicas y las compañías canadienses JHI Associates y Eco (Atlantic) Oil & Gas. El Gobierno sostiene que participan de actividades en la Cuenca Malvinas Norte sin contar con autorización argentina.

El oficialismo también apunta a proveedores y empresas que presten servicios para esas operaciones. Ravier advirtió que quienes estén vinculados con proyectos hidrocarburíferos en Malvinas podrían quedar impedidos de realizar determinados acuerdos con el Estado argentino.

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En ese marco, mencionó especialmente el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y proyectos vinculados con Vaca Muerta. La normativa recientemente modificada establece que quienes busquen acceder al RIGI deberán presentar una declaración jurada sobre el cumplimiento de la Ley 26.659, mientras que la autoridad de aplicación deberá intervenir antes de aprobar la adhesión.

El foco puesto en Sea Lion

Uno de los principales proyectos que preocupa al Gobierno es Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte y vinculado principalmente con Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration.

La explotación de hidrocarburos en esa zona constituye un punto especialmente sensible para la Argentina porque se desarrolla en un área alcanzada por la disputa de soberanía con el Reino Unido. El Gobierno considera que el avance hacia una etapa de producción elevaría el impacto económico y estratégico de las operaciones.

Por ese motivo, la Casa Rosada busca actuar antes de que el proyecto entre en una fase de extracción y ampliar la presión no solo sobre las empresas operadoras, sino también sobre toda la cadena de compañías y personas que participen en las actividades.

El Decreto 868/2026, publicado el 4 de septiembre, reforzó ese esquema. La norma establece procedimientos específicos para investigar posibles incumplimientos, fija un plazo de 10 días hábiles para que los presuntos infractores presenten su descargo y prevé sanciones que, bajo la Ley 26.659, pueden incluir inhabilitaciones de entre cinco y 20 años.

Ushuaia y la estrategia sobre el Atlántico Sur

En paralelo con las acciones judiciales y administrativas, el Gobierno avanza con una estrategia más amplia sobre el Atlántico Sur.

Ravier destacó el proyecto de una Base Naval Integrada en Ushuaia, a la que definió como un punto logístico estratégico para la proyección argentina hacia el Atlántico Sur y el apoyo de las operaciones antárticas. Según explicó, el proyecto contempla capacidades de vigilancia y control marítimo y aéreo, además de infraestructura portuaria.

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El vocero también vinculó esa infraestructura con la protección de recursos estratégicos y con el desarrollo económico de Tierra del Fuego, al señalar que la base contará con muelles destinados tanto a actividades comerciales como civiles.

La ofensiva oficial combina así herramientas judiciales, administrativas, diplomáticas y de defensa. En ese esquema, el Gobierno busca elevar los costos para las empresas que participen en proyectos petroleros en la zona de Malvinas y reforzar su posición en el reclamo argentino de soberanía.