Financiamiento universitario: el Gobierno apelará el fallo que le dio cinco días

El Gobierno nacional apelará la resolución judicial que le dio cinco días para cumplir de manera total con la medida cautelar vinculada con la Ley de Financiamiento Universitario. La presentación será realizada ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, mientras la Casa Rosada analiza si pedirá que el recurso tenga efecto suspensivo.

La decisión del Ejecutivo surge después de que el juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, considerara que el Estado todavía no acreditó el cumplimiento completo de la cautelar. El magistrado había establecido un plazo de cinco días y advirtió que, si persiste el incumplimiento, podrá aplicar astreintes, es decir, multas económicas por cada día de demora.

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Desde el Gobierno sostienen que la medida cautelar ya fue cumplida y que esa posición fue informada y respaldada con documentación ante la Justicia. Ese será uno de los principales argumentos que llevará el Ejecutivo a la Cámara.

La cautelar que quedó firme

La resolución de Cormick se refiere a los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, vinculados con la recomposición salarial de docentes y no docentes universitarios y la actualización de las becas estudiantiles. La cautelar había sido dictada en diciembre de 2025 y posteriormente recibió el aval de la Cámara de Apelaciones.

El Gobierno llevó entonces el planteo a la Corte Suprema, pero el máximo tribunal rechazó el recurso extraordinario el 25 de junio al considerar que no estaba dirigido contra una sentencia definitiva. De esta manera, la medida cautelar continuó vigente mientras la causa principal sigue en trámite.

La discusión de fondo está relacionada con el decreto 759/2025, mediante el cual el Ejecutivo promulgó la Ley de Financiamiento Universitario y condicionó su aplicación a la determinación de las fuentes de financiamiento.

Qué plantea el Gobierno

En junio, el Ejecutivo buscó demostrar ante la Justicia que había comenzado a cumplir con las obligaciones establecidas en la cautelar. La Subsecretaría de Políticas Universitarias, el Consejo Interuniversitario Nacional y representantes gremiales habían alcanzado un acuerdo que contempló una recomposición de la masa salarial y actualizaciones para gastos de funcionamiento y otros programas universitarios.

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Con esos avances, el Gobierno pidió que se levantara la cautelar al considerar que habían cambiado las circunstancias que habían originado la medida. Sin embargo, Cormick rechazó ese planteo y posteriormente volvió a intimar al Estado al considerar que no había acreditado un cumplimiento total.

Ahora, la discusión pasa a la Cámara. La Casa Rosada también debe definir si solicitará que la apelación tenga efecto suspensivo, una cuestión que determinará si la intimación judicial continúa produciendo efectos mientras el tribunal superior analiza el recurso.

El conflicto judicial se mantiene además en paralelo a las negociaciones presupuestarias y salariales entre el Gobierno, las universidades y los gremios del sector. Por el momento, el próximo movimiento será la presentación del Ejecutivo ante la Cámara y la definición judicial sobre el alcance de la apelación.