Desvío de $1.200 millones en Neuquén: siete imputados fueron desvinculados y el MPF apelará

El Ministerio Público Fiscal de Neuquén (MPF) impugnará la resolución de la jueza de garantías Natalia Pelosso, quien rechazó la apertura de la etapa de juicio para la mayoría de las personas imputadas en una causa que investiga el presunto desvío de más de $1.200 millones de fondos públicos entre 2022 y 2023.

La decisión fue tomada durante una audiencia de control de acusación realizada en la Ciudad Judicial. La magistrada dispuso el sobreseimiento total y definitivo de los exministros de Desarrollo Social y Trabajo, Abel Di Luca y Germán Chapino, quienes habían sido acusados por el MPF como coautores del delito de administración fraudulenta.

El mismo pronunciamiento alcanzó a cinco integrantes de la cooperativa Viento Sur y particulares de organizaciones de la sociedad civil: S.E.B., L.L.V., B.R.V.N., F.G.S. y M.G.S.

Según informó el MPF, a estas cinco personas la jueza les otorgó además una suspensión de juicio a prueba, por un plazo de un año y medio, con pautas que incluyen ocho horas mensuales de trabajo comunitario y donaciones económicas de entre dos y tres millones de pesos en algunos de los casos.

De esta manera, siete de las ocho personas que habían sido acusadas por la fiscalía quedaron desvinculadas del proceso, mientras que solo D.M., imputado como autor de administración fraudulenta, deberá afrontar un juicio ante un tribunal colegiado.

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El fiscal Vignaroli cuestionó el fallo

Tras la resolución, el fiscal jefe Pablo Vignaroli anunció que el MPF presentará una impugnación dentro del plazo legal de diez días. El objetivo es que el Tribunal de Impugnación revise la decisión y, según planteará la fiscalía, la anule para permitir que el caso llegue a juicio oral con todos los acusados que habían sido llevados a esa instancia.

Vignaroli cuestionó especialmente los fundamentos utilizados durante la audiencia y sostuvo que la etapa de control de acusación no debía transformarse en una instancia de valoración anticipada de la prueba.

“Los fundamentos de la jueza son pobres, no son jurídicos”, sostuvo el fiscal jefe, quien también cuestionó la expresión utilizada por la magistrada al referirse a la acusación como una “gran bolsa de gatos”.

Para Vignaroli, durante la audiencia se produjo un “juicio por adelantado” sin que se incorporara la prueba que, según su postura, debería ser analizada durante el debate oral.

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La jueza Pelosso, en cambio, había cuestionado la solidez de la acusación fiscal y sostuvo durante la audiencia que la imputación “hace agua” y “se resquebraja”.

Qué sostiene la acusación por los $1.200 millones

La investigación fue impulsada por un equipo integrado por Vignaroli, la fiscal Rocío Rivero y los asistentes letrados Facundo Bernat y Agustina Jara. La acusación contó con la adhesión de la Fiscalía de Estado, organismo que había presentado la denuncia.

Según la teoría del caso del MPF, la maniobra investigada habría provocado un perjuicio económico para la administración pública calculado, a valores históricos, en $1.208.657.600.

La fiscalía sostiene que los fondos correspondían a un programa estatal y que habrían sido utilizados para el pago de sueldos a más de 1.000 personas sin respaldo contractual ni una vinculación acreditada con el programa.

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De acuerdo con la acusación, los exministros habrían incumplido sus deberes al autorizar desembolsos mensuales sin verificar previamente requisitos como planes de acción, padrones comprobables de beneficiarios y acreditación de las capacitaciones. También se les atribuyó haber desoído dictámenes desfavorables de la Contaduría General de la Provincia.

Respecto de los integrantes de Viento Sur, D.M., S.E.B. y L.L.V., el MPF sostuvo que habrían solicitado, recibido y administrado los fondos con conocimiento de su destino, y que las rendiciones presentadas contenían comprobantes que no se correspondían con los movimientos bancarios, además de supuestas duplicaciones de gastos y omisiones.

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A B.R.V.N., F.G.S. y M.G.S., en tanto, la fiscalía les atribuyó haber recibido fondos sin una contraprestación y formar parte del esquema que, según la acusación, permitió concretar el perjuicio económico.

Ahora, el planteo del MPF deberá ser analizado por el Tribunal de Impugnación. Hasta que exista una decisión definitiva, las imputaciones formuladas por la fiscalía continúan siendo acusaciones en el marco de una investigación penal y no una condena.