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Ley de Tierras: la oposición insiste en derogar el DNU 70/23 y busca sesionar el 15 de octubre

Diputados de la oposición mantienen el pedido para sesionar el 15 de octubre y derogar el DNU 70/23, pese a la cautelar de la Corte que restituyó provisoriamente la Ley de Tierras.
sábado 10 de octubre de 2026

La oposición en la Cámara de Diputados mantiene su intención de sesionar el próximo 15 de octubre para intentar derogar el DNU 70/23, que modificó el marco legal sobre la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. La decisión llega después de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dispusiera la restitución provisoria de la Ley de Tierras, aunque el fallo no logró desactivar la iniciativa parlamentaria.

El pedido de sesión reúne a bloques de Unión por la Patria (UxP), sectores de Provincias Unidas (PU), el Frente de Izquierda (FIT) y legisladores de Argentina Federal. Sin embargo, la convocatoria enfrenta un obstáculo: algunos diputados que inicialmente acompañaban el rechazo a la extranjerización de tierras podrían retirar su apoyo y no dar quórum.

La discusión se da en medio de una disputa judicial sobre la constitucionalidad de la derogación de la Ley de Tierras impulsada por el gobierno de Javier Milei a través del decreto de necesidad y urgencia.

Qué resolvió la Corte Suprema sobre la Ley de Tierras

A fines de septiembre, el máximo tribunal había rechazado una demanda presentada por el Centro de Ex Combatientes de Islas Malvinas (CECIM), al considerar que la organización no tenía legitimación activa para promover ese reclamo judicial en los términos planteados.

Sin embargo, esta semana la Corte tomó otra decisión ante una presentación de la Asociación Civil Árbol de Pie, comunidades de pueblos originarios y una legisladora rionegrina. Los demandantes invocaron derechos colectivos relacionados con la protección ambiental y los derechos de las comunidades indígenas.

En ese contexto, el tribunal ordenó que el expediente regresara al Juzgado Federal de San Carlos de Bariloche, donde se había iniciado la demanda colectiva, para que se resuelva si la derogación de la Ley de Tierras mediante el DNU 70/23 es constitucional.

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Mientras se analiza el planteo, la medida cautelar dispuso la restitución provisoria de la normativa. Esto no equivale a una resolución definitiva sobre la constitucionalidad del decreto, sino a una decisión temporal mientras continúa el proceso judicial.

Por qué la oposición quiere derogar el DNU 70/23

Para los bloques impulsores de la sesión, la cautelar no reemplaza la necesidad de que el Congreso se pronuncie sobre el decreto. Por eso, sostienen que la restitución temporal de la Ley de Tierras no debería frenar el tratamiento parlamentario.

El diputado Pablo Juliano, de Provincias Unidas, defendió la convocatoria en redes sociales y reclamó que la Cámara sesione el 15 de octubre.

“La protección de nuestra tierra no puede depender de cuánto dure una medida judicial. El 15 tenemos que sesionar y rechazar el DNU 70/23. Que el Gobierno no use este fallo como excusa para volver a esquivar al Congreso”, expresó.

La oposición considera que el debate legislativo debe continuar más allá de la decisión judicial provisoria y busca reunir los votos necesarios para avanzar con la derogación.

El quórum, la principal incógnita de la sesión

El principal interrogante pasa por la posición de los diputados que mantienen una postura dialoguista con el Gobierno. Según el escenario planteado por los impulsores de la convocatoria, algunos legisladores que antes cuestionaban la extranjerización de tierras podrían considerar que el fallo de la Corte reduce la urgencia de tratar el tema en el recinto.

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Si esos diputados finalmente no se presentan, la oposición podría quedarse sin el número necesario para abrir la sesión y debatir el DNU.

La agenda prevista para el 15 de octubre incluye, además, otros dos asuntos que generan diferencias con el oficialismo: la Ley de Discapacidad y una iniciativa orientada a atender el sobreendeudamiento y la morosidad de las familias.

Así, la convocatoria se convirtió en una prueba política para los bloques opositores, que deberán definir si logran sostener el respaldo necesario para llevar al recinto una agenda que va más allá de la disputa por la Ley de Tierras.