Narcomenudeo
Neuquén reúne a especialistas de cuatro provincias para capacitarse en la investigación del narcomenudeo
Neuquén es sede de un ciclo de formación especializada en investigación del narcomenudeo, una capacitación que reúne a representantes de organismos judiciales, fuerzas de seguridad y especialistas de distintas provincias para fortalecer las estrategias de investigación contra la comercialización minorista de drogas.
La actividad comenzó este lunes en el Salón Limay de la Torre BPN y se extenderá hasta el 20 de noviembre.
La iniciativa es impulsada por el Gobierno provincial, a través del Ministerio de Seguridad, junto con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) para la Región Andina y el Cono Sur.
La apertura institucional contó con la presencia del ministro de Seguridad, Matías Nicolini; el coordinador de proyectos de UNODC, Luis Ignacio García Sigman; el juez del Tribunal Oral Federal de Neuquén, Pablo Antonio Matkovic; la vocal del Tribunal Superior de Justicia, María Soledad Gennari, y la defensora general, Vanina Merlo.
También participaron representantes del Ministerio Público Fiscal, autoridades policiales encabezadas por el subjefe de Policía, Walter San Martín, y el superintendente de Investigaciones, Dante Catalán, además de delegaciones de Río Negro, La Pampa y Chubut, fuerzas federales y organismos nacionales e internacionales.
Inteligencia criminal y nuevas estrategias
Durante las cinco jornadas se trabajará sobre herramientas de inteligencia criminal, penitenciaria y financiera, con especial atención a las modalidades de funcionamiento de las organizaciones delictivas y sus mecanismos de operación, incluso desde establecimientos penitenciarios.
Uno de los ejes será el análisis del Modelo Territorial Cero (MT-0), implementado por la Policía de Investigaciones de Chile, que permitirá intercambiar experiencias y conocer estrategias aplicadas en otros países para abordar el narcomenudeo.
La capacitación apunta a mejorar las capacidades del personal policial, profundizar la coordinación entre las instituciones judiciales y de seguridad y optimizar los procedimientos de prevención e investigación.
El objetivo es fortalecer las herramientas del Estado para identificar y desarticular las estructuras dedicadas a la comercialización minorista de estupefacientes.