Alberto Fernández y la causa por los seguros
El expresidente pidió suspender su indagatoria y denunció irregularidades en el proceso
Alberto Fernández solicitó este lunes la suspensión de su declaración indagatoria en la causa que investiga presuntas irregularidades en la contratación de seguros durante su gestión.
La indagatoria, inicialmente prevista para el 20 de noviembre y reprogramada para este miércoles 27, fue objetada por su defensa con el argumento de que el juez Julián Ercolini carece de imparcialidad y que la imputación es imprecisa.
La abogada del expresidente, Marian Barbitta, presentó un escrito en el que señaló que la recusación contra Ercolini, planteada al inicio del expediente, aún no fue resuelta por la Corte Suprema de Justicia, lo que, según la defensa, invalida el llamado a indagatoria.
Asimismo, el documento sostiene que la acusación carece de claridad, especialmente en lo temporal, y asegura que Fernández no tuvo relación directa con las operaciones bajo sospecha ni conocía a la mayoría de los imputados en la causa.
La causa de los seguros y el decreto 823/2021
La investigación se centra en el decreto 823/2021, firmado por Fernández, que obligaba a los organismos estatales a contratar seguros exclusivamente con Nación Seguros S.A., sin realizar licitaciones públicas. Según la imputación, esta medida habría facilitado un esquema de direccionamiento irregular de contratos en perjuicio del Estado.
Entre los involucrados también están Héctor Martínez Sosa, broker de seguros y amigo cercano del expresidente, y su pareja, María Cantero, quien se desempeñaba como secretaria de Fernández. Ambos deben presentarse a declarar el jueves 28.
Además, otras 38 personas están imputadas en la causa, entre ellos exfuncionarios de Nación Seguros. La fiscalía los acusa de haber operado en coordinación para direccionar contratos a través de intermediarios, afectando la transparencia y fomentando la corrupción en las contrataciones estatales.
El contexto político y legal
La normativa firmada por Fernández fue derogada en agosto de 2024 por el actual presidente Javier Milei, quien consideró que "vedaba la competencia y la transparencia". La defensa del expresidente insiste en que el decreto era legal y que las decisiones de contratación correspondían a los organismos estatales, no al Poder Ejecutivo.
El caso continúa acumulando tensión y expectativas, ya que representa una de las investigaciones más importantes que enfrenta el expresidente tras su salida del poder. La próxima resolución judicial definirá el avance del proceso y la respuesta de la defensa frente a las acusaciones.