Auditoría nacional sobre pensiones por discapacidad
El Gobierno podría dar de baja más de 220 mil pensiones por discapacidad tras detectar irregularidades
El Gobierno nacional analiza suspender más de 220.000 pensiones no contributivas por discapacidad laboral tras detectar irregularidades graves en las auditorías realizadas por el Ministerio de Salud y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El monto total en revisión asciende a $900 mil millones anuales.
Las investigaciones revelaron casos “disparatados” y “escandalosos”, según fuentes oficiales: desde personas fallecidas que seguían cobrando, hasta radiografías usadas en 150 trámites distintos, prófugos beneficiados, diagnósticos por pie plano y una mujer que se disfrazaba de su esposo muerto para seguir percibiendo la prestación.
Las pensiones bajo la lupa corresponden al universo de más de 1.800.000 beneficiarios con Certificado Único por Discapacidad (CUD), y muchas de ellas habrían sido entregadas durante las gestiones de Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández, bajo un esquema de "subsidios discrecionales" y no por criterios médicos rigurosos, señalaron fuentes del Ministerio de Salud.
Intimaciones y entrevistas médicas
En febrero, la cartera que conduce Mario Lugones envió 300.000 cartas documento para citar a los beneficiarios a nuevas evaluaciones médicas. A abril, esa cifra creció a 470.000 intimaciones, de las cuales 248.877 fueron entregadas.
De las 221.189 que no se pudieron entregar:
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El 70% tenía direcciones incompletas o inexistentes.
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El 10% de los destinatarios dijo no conocer al titular del beneficio.
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928 personas ya estaban fallecidas, pero alguien seguía cobrando.
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11.000 se mudaron sin actualizar datos.
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3.900 se negaron a recibir la notificación.
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100 beneficiarios renunciaron voluntariamente a la pensión tras recibir la intimación.
En total, 224.657 pensiones están en análisis y podrían ser dadas de baja en el corto plazo.
Hasta el momento se realizaron 83.616 entrevistas médicas y hay otras 128.660 programadas, en el marco del proceso de depuración que impulsa el Ejecutivo.