Juzgan a dos ex titulares del INCAA por fraude con subsidios al cine argentino
Este lunes comenzó el juicio oral contra dos ex presidentes del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), Liliana Mazure y Alejandro Cacetta, acusados de una supuesta maniobra de defraudación en el manejo de subsidios destinados al financiamiento de películas nacionales. El proceso se desarrolla en el Tribunal Oral Federal N° 5 de la Ciudad de Buenos Aires.
Los hechos investigados
Según la acusación del fiscal federal Carlos Stornelli, los imputados habrían beneficiado de manera indebida a una empresa privada mediante resoluciones administrativas que permitieron el cobro anticipado de subsidios por películas que aún no se habían estrenado o que no cumplían con los requisitos legales.
La maniobra principal involucra a la empresa Tochineki S.A., que habría recibido fondos del INCAA sin cumplir las condiciones establecidas por ley. La investigación indica que Mazure y Cacetta firmaron resoluciones que facilitaron pagos por más de 3,5 millones de pesos, provocando un perjuicio al Estado.
Defensas y próximos pasos del juicio
Ambos ex funcionarios negaron las acusaciones. Mazure argumentó que las resoluciones cuestionadas se ajustaban a la normativa vigente al momento de los hechos, mientras que Cacetta insistió en que su intervención fue posterior y limitada. Sus defensas solicitaron la nulidad de algunos elementos probatorios, pero el tribunal rechazó los planteos iniciales.
El juicio continuará con la declaración de testigos y la presentación de pruebas documentales. Se prevé que el proceso se extienda durante varias semanas, y podría concluir con penas de prisión en caso de una eventual condena.
Contexto y repercusiones
El caso generó fuerte repercusión en el ámbito cultural y político. El INCAA ha sido históricamente cuestionado por la falta de controles en la asignación de fondos. Esta causa se convirtió en un símbolo de las demandas por mayor transparencia en el uso de recursos públicos para el fomento del cine argentino.
Además del juicio penal, hay expectativas sobre posibles medidas administrativas en organismos vinculados a la cultura para prevenir hechos similares. El avance del proceso podría influir en futuras políticas de financiamiento audiovisual.