El Estado podrá usar bienes incautados para seguridad y programas sociales
El Gobierno puso en marcha un régimen que habilita al Estado a conservar, administrar y disponer de bienes incautados en operativos contra el crimen organizado. La medida, formalizada mediante el Decreto N° 575/2025 y publicada en el Boletín Oficial, ya está en vigencia y será supervisada por el Ministerio de Justicia.
El objetivo, según las autoridades, es debilitar el poder económico de las organizaciones ilícitas y dar un uso social a los recursos recuperados. Los fondos se destinarán a reforzar la seguridad, financiar programas sociales y reparar a las víctimas de delitos como trata de personas, explotación o lavado de activos.
La norma crea el Consejo de Bienes Recuperados en Favor del Estado Nacional, encargado de coordinar el manejo interinstitucional, garantizar la transparencia y supervisar el destino de los bienes.
Hasta ahora, estas tareas correspondían a la Agencia de Administración de Bienes del Estado, pero pasarán al Ministerio de Justicia debido a la magnitud y complejidad de los delitos federales.
El régimen también modifica el financiamiento de la Unidad de Información Financiera (UIF), que podrá sostenerse con partidas presupuestarias, fondos de otros organismos y recursos provenientes de multas o de la administración de bienes incautados.
En los casos más graves, como los vinculados al narcotráfico, los recursos se destinarán directamente a asistencia a víctimas y fortalecimiento de la seguridad.