Congreso
El Gobierno no aplicará las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia Pediátrica pese al rechazo de los vetos
El Gobierno nacional decidió no aplicar las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia Pediátrica, a pesar de que el Congreso rechazó los vetos presidenciales. Si bien el Ejecutivo las promulgará, adelantó que no les asignará partidas presupuestarias, dejando su implementación “en suspenso” hasta definir cómo se financiarán.
“Así como están, las leyes quedan en suspensión hasta que se defina de dónde sacar la plata”, señalaron desde la Casa Rosada, donde remarcan que la postura busca mantener coherencia con la posición tomada en el caso de la Emergencia en Discapacidad, cuando también se suspendió la aplicación por falta de fondos.
La decisión fue delineada por la Secretaría de Legal y Técnica, a cargo de María Ibarzabal, junto al viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, y su equipo jurídico. Según el Ejecutivo, el impacto fiscal de las leyes es considerable: la de Financiamiento Universitario representa $1,96 billones, equivalentes al 0,23% del PIB, mientras que la de Emergencia Pediátrica costaría unos $133.433 millones.
En Balcarce 50 admiten que el aumento de fondos para el Hospital Garrahan “tiene poco impacto fiscal”, pero aseguran que no lo aplicarán para evitar contradicciones con la negativa de incrementar el presupuesto universitario.
El Gobierno planea demorar la promulgación formal de las leyes hasta el límite legal de diez días hábiles desde la notificación del Congreso. Mientras tanto, el vocero Manuel Adorni anunció una inversión de $30.000 millones para obras en el Garrahan, en lo que se interpreta como una maniobra para mitigar el costo político de la decisión.
Desde el oficialismo sostienen que se ampararán en el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera, que establece que toda ley que implique gastos no previstos debe indicar su fuente de financiamiento.
La estrategia del Ejecutivo apunta a evitar la judicialización directa, dejando que eventuales demandas provengan de particulares para dilatar una resolución unificada de la Justicia. El objetivo: postergar la ejecución de fondos hasta el Presupuesto 2026, que deberá ser tratado por el Congreso en los próximos meses.