Noviembre llega con aumentos en prepagas y tarifas de gas
Los contratos regidos aún por la derogada Ley de Alquileres tendrán en noviembre un aumento del 42,2%, según el Índice de Contrato de Locación (ICL) del Banco Central.
Así, un alquiler de $600.000 mensuales pasará a $853.200, de acuerdo con el ajuste anual que regirá hasta octubre de 2026.
En tanto, los contratos con actualización trimestral por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) subirán alrededor del 6%, y los cuatrimestrales, un 8,5%.
Prepagas: incrementos de hasta 2,8% en las cuotas
Las principales empresas de medicina prepaga aplican este mes aumentos de entre 2,1% y 2,8% en las cuotas de sus planes.
El ajuste, autorizado por la Superintendencia de Servicios de Salud, se alinea con la inflación de septiembre (2,1%) y varía según empresa, región y tipo de cobertura.
Un plan individual que costaba $180.000 pasará a ubicarse entre $183.780 y $185.040.
Las compañías argumentaron que la suba responde al aumento sostenido de los costos médicos y hospitalarios, y señalaron que el sistema “aún se encuentra en proceso de recomposición tras los congelamientos tarifarios de años anteriores”.
Gas: subas promedio del 3,8%
El Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) dispuso un aumento promedio del 3,8% en las tarifas de gas natural a nivel nacional.
El ajuste forma parte de las revisiones tarifarias quinquenales y se verá reflejado en las boletas que los usuarios residenciales recibirán en las próximas semanas.
Según la Secretaría de Energía, “resulta razonable y prudente continuar en noviembre con el sendero de actualización de precios y tarifas del sector energético”, en línea con los lineamientos del Ministerio de Economía.
Un cierre de año con más presión inflacionaria
Los aumentos de noviembre se suman a las recientes subas en combustibles, alimentos y servicios públicos, lo que genera una mayor presión sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Consultoras privadas estiman que la inflación de octubre habría superado el 2,3%, mientras que noviembre podría ubicarse en torno al 2,5%, impulsado por las tarifas reguladas y los servicios esenciales.
En este contexto, el Gobierno nacional enfrenta el desafío de mantener el equilibrio fiscal mientras avanza en el retiro de subsidios y la revisión de regímenes tarifarios, medidas que impactan directamente en el poder adquisitivo de los hogares.