La lucha contra la corrupción necesita más respaldo

La causa de los planes sociales marcó -o debería marcar- un antes y un después en la lucha contra la corrupción en la provincia de Neuquén, una bandera que el gobernador Rolando Figueroa levantó (y levanta) desde el primer día de su gestión, en diciembre de 2023. La política de tolerancia cero contra ñoquis, delincuentes e indisciplinados del Estado instaló un nuevo clima institucional, con decisiones que buscan dejar en claro que no hay excepciones ni privilegios para nadie.
Ese cambio de época tuvo uno de sus hitos más notorios con el juicio político y la destitución de la ex vicegobernadora Gloria Ruiz (ocurrida hace un año), una señal contundente de que las acciones tienen consecuencias. 
Sin embargo, el desenlace judicial de la causa de los planes sociales dejó una sensación amarga: las penas dictadas contra los responsables del fraude resultaron menores a las que la sociedad esperaba frente a la magnitud del daño causado a la provincia y a las familias carenciadas a las que jamás les llegaron los recursos, ya que los condenados los desviaron y se los robaron. Fue, concluyeron los investigadores, algo así como un robo para la corona, ya que parte de la millonada fue a financiar cuestiones políticas del -entonces gobernante- Movimiento popular neuquino.
Los ex funcionarios condenados -todos de la gestión del ex gobernador Omar Gutiérrez- montaron entre 2020 y 2022 un esquema para desviar fondos destinados a familias de escasos recursos. El uso de tarjetas de beneficiarios, la apropiación del dinero y la asignación de roles específicos evidenciaron una operatoria organizada que, para buena parte de la sociedad, encajaba claramente en la figura de asociación ilícita.
No obstante, los jueces optaron por condenarlos por administración fraudulenta agravada, descartando la figura más gravosa. Esa decisión redujo sensiblemente las penas: la condena más alta fue de cinco años de prisión y recayó sobre los considerados cabecillas, como el ex director de Planes Ricardo Soiza, el ex coordinador Tomás Siegenthaler y el ex ministro de Desarrollo Social Abel Di Luca.
La diferencia no es menor. De haber prosperado la figura de asociación ilícita, las penas podrían haber alcanzado hasta diez años de cárcel. Esa brecha es la que hoy alimenta el reclamo de mayor firmeza y refuerza la idea de que la lucha contra la corrupción necesita más respaldo en el plano judicial.
Las condenas no conformaron. Y es por eso que los fiscales del fuero penal y la Fiscalía de Estado ya anunciaron que apelarán las sentencias, mientras (esta última) avanza en las gestiones para recuperar los cerca de 1.200 millones de pesos robados a la provincia. El propio Figueroa respaldó la búsqueda de condenas más severas, en sintonía con un reclamo social que acompaña la política de tolerancia cero.
Las explicaciones de los jueces, Juan Kees, Luciano Hermosilla y Juan Guaita que defendieron su criterio y aseguraron que continuarán trabajando del mismo modo, no alcanzaron. Se espera que, tras las apelaciones, el tribunal de alzada imponga un castigo más severo (y acorde con el daño causado a la provincia).