Economía
El Gobierno cerró el Instituto de Agricultura Familiar Indígena: demandaba $9.000 millones por mes
El Ministerio de Economía resolvió avanzar con la eliminación del Instituto de Agricultura Familiar Campesina Indígena y del Consejo Nacional de Agricultura Familiar, en el marco de una revisión integral del gasto público. Según datos oficiales, el organismo demandaba 9.000 millones de pesos por mes y presentaba una estructura considerada sobredimensionada e ineficiente.
La decisión forma parte del plan de reducción del gasto estatal y reordenamiento de áreas que, según el diagnóstico oficial, no cumplían funciones estratégicas acordes a los recursos asignados.
De casi mil empleados a una estructura mínima
De acuerdo a la información difundida, el instituto contaba con 964 empleados, pero será transformado en una dirección con apenas 64 trabajadores, lo que implica la eliminación de 900 puestos. Desde el Ejecutivo señalaron que se trataba de cargos sin funciones productivas claras.
El recorte permitirá, según estimaciones oficiales, un ahorro de 9.000 millones de pesos, en un contexto de fuerte ajuste fiscal.
La auditoría reveló que el organismo tenía 160 delegaciones, dos sedes principales —ubicadas en Catamarca y Santiago del Estero— y una flota de 204 vehículos. Además, uno de cada tres empleados era delegado, un dato que fue utilizado como ejemplo del desorden administrativo.
Otro punto clave fue la composición del gasto: el 85% del presupuesto se destinaba al pago de sueldos, lo que llevó al Gobierno a calificar al instituto como una “estructura burocrática sin impacto real en la producción”.
Transferencias discrecionales y cuestionamientos a la gestión
Desde Economía también se cuestionó el esquema de transferencias discrecionales de fondos, que incluía a cooperativas, organizaciones sociales y municipios, sin controles claros sobre resultados o eficacia.
Según el diagnóstico oficial, la combinación de personal excesivo, múltiples sedes, flota vehicular sobredimensionada y transferencias poco transparentes reflejaba una gestión ineficiente del gasto público.
Sin reclamos del sector productivo
Un dato destacado por el Gobierno es que, pese a que la decisión fue comunicada previamente y comenzó a trascender, no se registraron reclamos formales por parte de productores ni trabajadores del campo.
Desde el Ejecutivo sostienen que el cierre del organismo no afectará la actividad productiva y que las funciones esenciales serán absorbidas por estructuras más pequeñas y eficientes, en línea con el nuevo esquema de administración del Estado.