El Gobierno avanzará en la compra de submarinos a una empresa francesa
El Gobierno nacional avanzará en la compra de submarinos clase Scorpène y lanchas OPV a la empresa francesa Naval Group, una operación que ronda los u$s2.000 millones y que fue reactivada tras el encuentro entre el presidente Javier Milei y su par francés Emmanuel Macron a fines de 2024.
La decisión genera controversia no solo por el elevado monto de la operación, sino también por los antecedentes internacionales de corrupción que pesan sobre el astillero francés, que en 2017 encabezó el Ranking Mundial de Corrupción Militar, elaborado por la World Peace Foundation y la Universidad de Tufts.
Según trascendió, el acuerdo contempla la adquisición de tres submarinos Scorpène y cuatro patrulleras oceánicas, con el objetivo de recomponer la capacidad naval argentina, paralizada desde el hundimiento del ARA San Juan en 2017, hecho tras el cual la fuerza submarina quedó inactiva.
Antecedentes de corrupción y sobornos
Naval Group —antes conocida como DCNS— acumula denuncias por pagos de sobornos en países como Pakistán, Malasia, Brasil e India, con investigaciones judiciales abiertas desde la década del ’90 hasta la actualidad. En varios casos, las acusaciones apuntaron a intermediarios y funcionarios públicos que habrían recibido comisiones ilegales para favorecer contratos millonarios.
Uno de los episodios más resonantes fue la venta de submarinos a Malasia, donde la Justicia francesa investigó presuntos sobornos al entonces ministro de Defensa. También se indagaron irregularidades en acuerdos con Brasil, en el marco del caso Lava Jato, y filtraciones sensibles de información militar en India.
Pese a los cambios de nombre y reestructuraciones internas, los cuestionamientos persistieron y afectaron la reputación internacional del grupo, que mantiene participación mayoritaria del Estado francés.
Una negociación que viene de gestiones anteriores
Las conversaciones con Naval Group no son nuevas. Según fuentes oficiales, las negociaciones comenzaron durante una etapa anterior del Estado argentino y fueron retomadas ahora por la administración Milei, que considera estratégica la recuperación de la capacidad naval y de control marítimo.
Sin embargo, sectores de la industria naval local expresaron su malestar por quedar al margen de la construcción principal de las embarcaciones, mientras especialistas y dirigentes opositores advierten sobre la falta de transparencia y los antecedentes del proveedor elegido.
Debate abierto
La compra de los submarinos reabre el debate sobre prioridades presupuestarias, control del gasto público y criterios de selección de proveedores en materia de defensa, en un contexto de fuerte ajuste económico y restricciones fiscales.
Mientras el Gobierno defiende la decisión como una apuesta estratégica, las denuncias internacionales que rodean a la empresa francesa suman un nuevo foco de polémica a una operación que promete seguir en el centro de la escena política.