Allen: el Procurador sostuvo que el Concejo Deliberante no podía suspender al intendente
El Procurador General de Río Negro, Jorge Crespo, dictaminó que el Concejo Deliberante de Allen se excedió en sus competencias al suspender al intendente Marcelo Román y recomendó al Superior Tribunal de Justicia (STJ) hacer lugar al planteo presentado por el jefe comunal.
El dictamen fue emitido este martes en el marco del conflicto de poderes iniciado a partir de la Ordenanza N.º 044/2026, aprobada por el Concejo Deliberante el pasado 8 de julio.
La norma había dispuesto la suspensión “preventiva y precautoria” de Román, sin percepción de haberes, hasta que existiera una sentencia definitiva en la causa penal en la que se le formularon cargos.
El punto central: procesamiento y formulación de cargos no son lo mismo
Uno de los principales argumentos del Procurador se relacionó con el artículo 109 de la Carta Orgánica Municipal de Allen, utilizado por el Concejo para justificar la suspensión.
Según Crespo, esa norma fue redactada bajo el anterior sistema procesal penal de Río Negro y hacía referencia a la existencia de un procesamiento penal.
El sistema actualmente vigente utiliza la formulación de cargos, una figura que, de acuerdo con el dictamen, no puede equipararse al antiguo procesamiento.
El Procurador explicó que, bajo el sistema anterior, el procesamiento implicaba que un juez analizara la prueba reunida y alcanzara una determinada convicción sobre la existencia del delito y la posible participación del imputado.
En cambio, la formulación de cargos vigente representa principalmente una comunicación formal de la Fiscalía sobre el objeto de una investigación y no implica que el juez de Garantías haya determinado la responsabilidad penal del acusado.
Por esa diferencia, Crespo entendió que no se cumple el requisito previsto en el artículo 109 de la Carta Orgánica.
También cuestionó el argumento sobre el riesgo de prueba
El Concejo Deliberante había utilizado además como argumento la necesidad de preservar pruebas que todavía debían producirse dentro de la investigación penal.
Sin embargo, el Procurador sostuvo que la evaluación de un eventual peligro probatorio corresponde al ámbito de la investigación penal y que, al momento de aprobarse la suspensión, la Fiscalía no había planteado la existencia de un riesgo procesal ni solicitado medidas cautelares para neutralizarlo.
En consecuencia, consideró que ese argumento tampoco podía justificar la decisión del órgano legislativo municipal.
Advirtió por la afectación del mandato popular
Crespo también puso el foco en las consecuencias institucionales de suspender a una autoridad que fue elegida mediante el voto popular.
En su dictamen sostuvo que el mandato democrático debe ser protegido frente a intervenciones institucionales que no tengan una justificación suficiente y que una suspensión de estas características sólo puede aplicarse cuando existan causales estrictas y verificadas.
Además, consideró que el Concejo habría ejercido una potestad de carácter materialmente sancionatorio al suspender al intendente y privarlo de sus haberes, sin garantizar de manera adecuada el derecho de defensa.
Qué pidió el Procurador al STJ
Finalmente, Jorge Crespo recomendó al Superior Tribunal de Justicia de Río Negro que resuelva el conflicto de poderes a favor de Marcelo Román.
En concreto, solicitó que se declare la inaplicabilidad al caso del artículo 109 de la Carta Orgánica Municipal de Allen, además de la nulidad absoluta e insanable de la Ordenanza N.º 044/2026 y de los actos que se hayan derivado directamente de su aplicación.
Como alternativa, planteó que, si el STJ lo considera necesario, se declare la inconstitucionalidad de la norma municipal.
El dictamen del Procurador no constituye todavía la decisión definitiva sobre el conflicto. Ahora será el Superior Tribunal de Justicia el que deberá resolver la disputa entre el intendente de Allen y el Concejo Deliberante.