Neuquén presentó un proyecto para proteger las tierras productivas y frenar el avance sobre las chacras
El Gobierno de Neuquén presentó un proyecto de ley que busca evitar que las tierras productivas sean reemplazadas por barrios, industrias o emprendimientos de servicios. La propuesta ingresó a la Legislatura provincial y plantea nuevas reglas para las superficies agrícolas, especialmente aquellas que cuentan con riego.
La iniciativa surge en un contexto de fuerte crecimiento económico y demográfico de la provincia, impulsado principalmente por el desarrollo de Vaca Muerta. Ese proceso incrementó la demanda de terrenos para viviendas, instalaciones industriales, bases de servicios y nuevas urbanizaciones, generando una mayor presión sobre las áreas productivas.
El secretario de Producción e Industria, Diego García Rambeaud, explicó que el objetivo es comenzar a construir una matriz económica que no dependa exclusivamente de los hidrocarburos.
Según planteó, la producción y el turismo serán sectores fundamentales para la etapa que siga al actual ciclo de expansión energética.
La superficie agrícola viene retrocediendo
Uno de los datos que sustentan el proyecto es la reducción de las tierras destinadas a la actividad agropecuaria. Durante 2025 se perdieron 663 hectáreas de superficie frutícola, de acuerdo con los datos citados por la Provincia.
La preocupación no se limita a la pérdida de hectáreas. También existe un proceso de fragmentación de las chacras, que puede dificultar su explotación y reducir progresivamente su capacidad productiva.
El crecimiento de las ciudades profundizó esa tendencia. Entre 2010 y 2020, la población provincial pasó de 471.409 a 540.909 habitantes, mientras que la huella urbana creció un 45%, de 12.460 a 18.083 hectáreas.
La intención del Gobierno es evitar que esa expansión termine ocupando terrenos que cuentan con condiciones para producir alimentos.
Qué cambiaría si se aprueba la ley
El proyecto propone identificar oficialmente las tierras que tengan valor productivo, incluso cuando en ese momento no estén siendo explotadas.
La protección alcanzaría a terrenos con aptitud agrícola y sistemas de riego o drenaje, tanto de propietarios privados como del Estado.
Una vez definida la cartografía, se establecerían dos niveles de protección.
La primera categoría tendría como prioridad prácticamente exclusiva la actividad agropecuaria. La segunda permitiría determinados usos alternativos, pero bajo condiciones técnicas relacionadas con el agua, el suelo y la sustentabilidad.
También se buscará evitar que la subdivisión de una chacra termine convirtiéndola en una sucesión de pequeñas parcelas sin viabilidad productiva.
El proyecto pone límites a los loteos
Uno de los aspectos más sensibles de la iniciativa será el tratamiento de los cambios de uso del suelo.
La propuesta establece que la actividad agropecuaria tendrá prioridad en las superficies protegidas y que los proyectos residenciales, industriales, turísticos o de servicios deberán ajustarse a las condiciones establecidas por la futura normativa.
Habrá excepciones para determinadas viviendas familiares y para obras consideradas de interés público, pero deberán contar con justificación y evaluaciones específicas.
La idea es que el crecimiento urbano pueda continuar sin avanzar indiscriminadamente sobre las zonas donde todavía existe capacidad productiva.
Canales y acequias, bajo protección
El proyecto también apunta a preservar la infraestructura que permite que esas tierras puedan producir.
Canales, acequias, drenes, compuertas y otras obras de riego quedarían bajo un régimen especial para impedir que sean tapados, modificados o afectados por construcciones.
La Provincia considera que un daño sobre un canal puede afectar no sólo al propietario de un lote, sino a todo el sistema de riego que depende de esa infraestructura.
Las obras públicas podrían exceptuarse cuando sean necesarias, aunque deberán contemplar medidas que compensen la afectación.
Neuquén quiere sumar nuevas hectáreas productivas
La iniciativa no se limita a conservar las chacras existentes. También forma parte de una estrategia para ampliar las áreas bajo riego.
Actualmente la provincia cuenta con unas 23.000 hectáreas irrigadas y analiza proyectos que podrían incorporar hasta 54.000 hectáreas adicionales en el corredor comprendido entre Piedra del Águila y Picún Leufú.
El planteo oficial es que ambas políticas deben avanzar juntas: evitar la desaparición de las tierras productivas actuales y generar nuevas áreas donde puedan desarrollarse actividades agropecuarias.
El objetivo es fortalecer sectores como la fruticultura, la horticultura y la producción de frutas finas, además de vincular parte de esa actividad con el turismo.
Habrá multas, controles y un fondo específico
La futura ley también contempla herramientas para controlar el cumplimiento de las nuevas reglas.
Se prevén inspecciones y sistemas de monitoreo para detectar modificaciones no autorizadas del suelo, daños sobre la infraestructura de riego, cambios de escurrimiento y subdivisiones realizadas fuera de las condiciones permitidas.
Las sanciones se graduarían según la magnitud del daño, la superficie afectada, el beneficio obtenido y si la intervención puede ser revertida.
Además, se propone crear un Fondo Provincial de Protección y Conservación de Suelos Irrigados, que permitiría financiar obras de mantenimiento y modernización de los sistemas productivos.
Entre sus posibles destinos aparecen la recuperación de drenajes, la tecnificación del riego, la prevención de la salinización y la incorporación de sistemas de medición y telemetría.
Una discusión que ahora llega a la Legislatura
La iniciativa comenzó a discutirse con productores, cámaras, consorcios de riego y equipos técnicos durante los últimos meses y ahora inicia su recorrido legislativo.
El debate tendrá como eje una cuestión que atraviesa a toda la provincia: cómo sostener el crecimiento que genera Vaca Muerta sin perder las tierras necesarias para desarrollar otras actividades económicas.
La propuesta parte de la idea de que el suelo productivo y el agua para riego son recursos estratégicos que deben ser preservados para las próximas décadas.
Ahora será la Legislatura de Neuquén la que deberá definir si ese objetivo se convierte en una política permanente y cuáles serán finalmente las reglas para compatibilizar producción, viviendas, industria y expansión urbana.