El Consejo de la Magistratura no avanzará con la remoción de Betiana Cendón y remitió el caso a la Procuración
El Consejo de la Magistratura de la Tercera Circunscripción Judicial aceptó por unanimidad el informe del instructor sumariante en las actuaciones iniciadas contra la fiscal jefa de Bariloche Betiana Cendón y resolvió remitir el expediente a la Procuración General de Río Negro.
El sumariante concluyó que, luego de analizar la prueba incorporada durante la investigación, no se acreditaron conductas con la gravedad necesaria para configurar mal desempeño o graves desarreglos de conducta que justificaran avanzar con un procedimiento de remoción ante el Consejo.
La decisión no implica el cierre de todas las actuaciones relacionadas con el caso. El expediente pasará ahora al ámbito de la Superintendencia del Ministerio Público, donde el Procurador General Jorge Crespo deberá evaluar si corresponde adoptar medidas dentro de sus competencias disciplinarias.
Crespo no participó de la decisión del Consejo debido a que las actuaciones serán remitidas precisamente al ámbito que se encuentra bajo su responsabilidad.
Qué analizó el sumariante
El sumario se había iniciado a partir de una denuncia que atribuía a Cendón situaciones de violencia y acoso laboral, mal desempeño, graves desarreglos de conducta y posibles irregularidades en el ejercicio de sus funciones.
Durante la investigación se incorporó documentación aportada tanto por los denunciantes como por la defensa de la fiscal. Además, fueron citados 45 testigos, cuyas declaraciones fueron recibidas en distintas jornadas.
El instructor también solicitó información a la Fiscalía General, la Jefatura de Fiscalía de Bariloche, la Superintendencia del Ministerio Público y el área de Desarrollo Humano. A esto se sumó el análisis de numerosos legajos penales vinculados con los hechos incluidos en la denuncia.
El informe dividió los cuestionamientos en tres grandes grupos: las acusaciones de violencia laboral, maltrato y acoso; las expresiones y conductas atribuidas a Cendón dentro del ámbito laboral; y su intervención en determinadas investigaciones penales.
Respecto de las denuncias por violencia laboral, el sumariante sostuvo que los testimonios no conformaron un cuadro uniforme que permitiera acreditar un hecho concreto e inequívoco con entidad suficiente para configurar mal desempeño o graves desarreglos de conducta.
Algunas personas describieron situaciones de tensión y cuestionaron el estilo de conducción de la fiscal, mientras que otras manifestaron haber mantenido relaciones laborales adecuadas y no haber sufrido ni presenciado situaciones de hostigamiento.
La valoración conjunta llevó al instructor a concluir que no pudo establecerse la existencia de una práctica uniforme y sistemática de violencia laboral.
Tampoco la documentación, las capturas de pantalla y los audios incorporados al expediente permitieron, según el informe, corroborar objetivamente una conducta persecutoria destinada a provocar daño psicológico.
Las conductas cuestionadas y las investigaciones penales
El informe también analizó determinadas expresiones y formas de comunicación atribuidas a Cendón. El sumariante consideró que algunas pudieron ser desafortunadas, inconvenientes o impropias desde el punto de vista de las buenas prácticas de liderazgo.
Sin embargo, entendió que la prueba no alcanzó el nivel de precisión y corroboración necesario para calificarlas como graves desarreglos de conducta que justificaran iniciar un procedimiento de remoción.
También fueron revisadas actuaciones de Cendón en investigaciones penales concretas. En ese punto, el instructor concluyó que no se acreditó que hubiera actuado con una finalidad ajena a las atribuciones de su cargo, ni que hubiera intentado beneficiar indebidamente a alguna de las partes o alterar deliberadamente el desarrollo de las investigaciones.
Las referencias a una posible comisión de delitos también fueron contrastadas con documentación y actuaciones judiciales. El informe señaló que no surgieron elementos objetivos suficientes para superar el plano de la sospecha y recordó que las denuncias penales derivadas de estas actuaciones habían sido desestimadas.
De esta manera, el informe diferenció entre la gravedad necesaria para impulsar una eventual remoción y la existencia de situaciones de conflictividad laboral o aspectos vinculados con las formas de comunicación, conducción y liderazgo que podrían ser abordados por otras vías.
La Procuración deberá evaluar si corresponde tomar medidas
Con la decisión adoptada, el Consejo de la Magistratura no avanzará hacia un procedimiento de remoción de Cendón a partir de las causales analizadas en el sumario.
Sin embargo, las actuaciones serán remitidas al Procurador General, quien ejerce la Superintendencia del Ministerio Público, para que determine si los hechos relevados ameritan alguna medida dentro de sus competencias disciplinarias o de gestión.
El informe también planteó la posibilidad de revisar mecanismos internos de supervisión, comunicación, resolución temprana de conflictos y gestión de equipos.
Así, el Consejo cerró su intervención respecto de las conductas que podrían haber dado lugar a un proceso de remoción, mientras que el análisis sobre eventuales responsabilidades disciplinarias y cuestiones vinculadas al funcionamiento interno continuará ahora en el ámbito de la Procuración General.
Tres nuevas designaciones para la Defensa Civil de Bariloche
Durante la misma jornada, el Consejo de la Magistratura también avanzó con la cobertura de tres cargos de defensores civiles destinados a fortalecer la estructura del Ministerio Público de la Defensa en la Tercera Circunscripción.
Luego de realizar las entrevistas personales correspondientes a quienes habían llegado a la etapa final de los concursos, el organismo designó a Carlos Gustavo Suárez, Florencia Durán y Paola Mariela Ustaris para ocupar los cargos.
Las designaciones forman parte de los procesos de selección previstos para reforzar la defensa civil en Bariloche.
El Consejo estuvo integrado por representantes del Superior Tribunal de Justicia, el Ministerio Público, el Poder Legislativo y el Colegio de Abogados. Entre ellos participaron el presidente del STJ, Ricardo Apcarian, el Procurador General Jorge Crespo, los legisladores Lucas Pica, Marcelo Szczygol y Juan Martín, y representantes del Colegio de Abogados.