2026-11-16

El Gobierno modificó el RIGI y amplió quiénes pueden ser proveedores locales

El Gobierno modificó el RIGI mediante un decreto publicado este lunes. Cambió la definición de proveedor local y flexibilizó las reglas societarias y de inversión.

El Gobierno nacional introdujo cambios en la reglamentación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y habilitó que empresas constituidas y radicadas en la Argentina sean consideradas proveedoras locales, aunque tengan accionistas extranjeros. La modificación quedó establecida en el Decreto 1366/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial.

La norma lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo. Entre sus principales modificaciones, también establece nuevos criterios para los proyectos de exportación estratégica, permite reorganizaciones societarias sin perder los beneficios del régimen y ajusta las condiciones de acceso al mercado de cambios.

El decreto modifica la reglamentación original del RIGI, aprobada mediante el Decreto 749/2024. Según los fundamentos del Ejecutivo, la experiencia acumulada desde la implementación del programa hizo necesarias algunas adecuaciones para precisar su funcionamiento.

Qué cambia en la definición de proveedor local

Uno de los puntos centrales de la reforma es la definición de proveedor local. A partir de ahora, serán consideradas como tales las personas humanas con domicilio fiscal en el país y las sociedades constituidas y radicadas en la Argentina que suministren bienes o servicios a proyectos adheridos al RIGI.

De esta manera, la nacionalidad de los accionistas o el origen del capital de una empresa dejarán de ser un impedimento para acceder a esa condición. El objetivo oficial es facilitar la participación de compañías instaladas en el territorio argentino en las cadenas de suministro de las grandes inversiones.

Sin embargo, para los bienes continuará vigente el criterio de origen nacional establecido por las normas del Mercosur. Es decir, la modificación no elimina los requisitos que determinan cuándo un producto puede ser considerado de fabricación local.

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Nuevas reglas para inversiones y cambios de socios

El decreto también introduce precisiones para los Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo. En esos casos, se establece una fecha límite única para alcanzar el monto mínimo de inversión correspondiente al proyecto en su conjunto, diferenciada de los compromisos previstos para cada etapa.

La medida busca evitar interpretaciones confusas entre las obligaciones generales y las exigencias de inversión asumidas para cada fase, sin modificar los montos establecidos.

Otro cambio relevante alcanza a las operaciones societarias. La compra de acciones de una empresa adherida al RIGI por parte de terceros no provocará la pérdida de los beneficios del régimen. No obstante, el dinero utilizado para adquirir esas participaciones no podrá contabilizarse como inversión para cumplir con el mínimo exigido por la ley.

También se habilitaron modificaciones en las uniones transitorias de empresas (UTE) y otros contratos asociativos que funcionen como vehículos de proyectos. Estas estructuras podrán incorporar nuevos integrantes o transferir participaciones, siempre que se cumplan determinadas condiciones.

Las operaciones deberán informarse a la Autoridad de Aplicación dentro de los 15 días posteriores a su inscripción. Además, será necesario contar con el consentimiento de los demás integrantes y acreditar que el nuevo socio asume los compromisos de inversión y las garantías pendientes.

El organismo tendrá un plazo de 30 días para formular objeciones. Si no se pronuncia dentro de ese período, la operación se considerará aprobada. El socio que se retire, por su parte, continuará siendo responsable solidario por las obligaciones generadas hasta el momento de su salida.

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Qué pasará con las sucursales y el acceso a dólares

La reforma contempla además a las sucursales dedicadas exclusivamente a proyectos del RIGI. Estas podrán transferir la totalidad de sus activos, pasivos y obligaciones a una sociedad anónima creada para ese fin, siempre que obtengan autorización previa.

La nueva sociedad asumirá los beneficios y compromisos de la sucursal, sin necesidad de iniciar una nueva adhesión al régimen ni modificar la fecha original de ingreso o los plazos establecidos. La autorización, de todos modos, no reemplazará los consentimientos de terceros que puedan ser necesarios para transferir concesiones o permisos.

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Por último, el decreto modificó las condiciones vinculadas al acceso al mercado de cambios para las empresas que hayan recibido beneficios sobre los cobros de exportaciones.

El Banco Central podrá condicionar ese acceso a que las divisas ingresadas y liquidadas por el proyecto igualen o superen los dólares que demande. Para realizar ese cálculo, también podrán computarse los fondos aportados u obtenidos mediante deuda externa por accionistas directos o indirectos, integrantes de las UTE o casas matrices de las sucursales.

Para que esos recursos sean considerados, deberán destinarse efectivamente al proyecto y quedar debidamente registrados en la contabilidad.

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