Estafas con planes sociales: presentan acuerdos para imponer dos nuevas condenas
Neuquén.- El fiscal del caso, Juan Manuel Narvaez, junto a la asistente letrada, Agustina Jara, solicitaron imponer tres años de prisión en suspenso a R.A.L. y A.A.M.L., además de trabajo comunitario y reglas de conducta, por su participación en la maniobra ilícita.
Ambos acusados formaban parte de una asociación ilícita compuesta por exfuncionarios y empleados del Poder Ejecutivo, quienes utilizaban tarjetas y cheques para extraer fondos de los planes sociales de manera fraudulenta.
Detalles de las condenas
- R.A.L.: Se le atribuye un perjuicio económico de $12,7 millones. Su pena incluye 432 horas de trabajo comunitario.
- A.A.M.L.: El perjuicio económico es de $4,9 millones, con 360 horas de trabajo comunitario.
Ambas penas están condicionadas a la aprobación del juez de garantías, Cristian Piana, quien decidió un cuarto intermedio hasta el lunes para definir su aceptación.
Impacto en la investigación
Narvaez destacó que estos acuerdos permiten a la fiscalía optimizar recursos y centrar la acusación en los líderes de la estructura delictiva. Además, al reducir la cantidad de testigos necesarios, se acelera el avance hacia el juicio de los jefes de la organización.
En septiembre de 2024, otras cinco personas ya habían sido condenadas bajo acuerdos similares. Entre ellas, Gustavo Roberto Mercado, Carolina Beatriz Hernández y Pamela Alejandra Rivera, quienes admitieron haber cobrado los planes y entregado el dinero a los líderes de la asociación ilícita.
Los principales acusados
La investigación del MPF identifica como principales responsables a:
- Ricardo Soiza, exdirector general de Gestión de Planes Sociales.
- Néstor Pablo Sanz, exdirector de Fiscalización del Ministerio de Desarrollo Social.
- Marcos Ariel Osuna, exresponsable de Gestión de Programas.
- Abel Di Luca, exministro de Desarrollo Social.
- Tomás Siengentharler, excoordinador de Administración del Ministerio de Desarrollo Social.
Próximos pasos
El martes próximo se realizará la audiencia de control de la acusación, paso previo al juicio, que se prevé para marzo o abril.
La investigación cubre hechos ocurridos entre septiembre de 2020 y julio de 2022, donde la maniobra incluía diferentes niveles de responsabilidad, desde los líderes hasta quienes retiraban el dinero de los cajeros automáticos.
