Golpe histórico al delito: inversión récord en seguridad y leyes firmes

Neuquén atraviesa un momento inédito y muy importante en materia de seguridad pública. Lo que antes era una deuda del Estado, hoy se convierte en una prioridad central para el gobierno provincial, que ha desplegado un importante plan integral: desde la compra de armamento y tecnología de punta, hasta la reforma del marco legal, con leyes que apuntan al corazón del problema: la impunidad, la reincidencia y el debilitamiento del aparato judicial frente al delito.
Bajo la conducción del gobernador Rolando Figueroa, y con el acompañamiento de múltiples fuerzas políticas, la seguridad ya no es una promesa de campaña, sino una política de Estado en ejecución. No se recuerda que ninguna gestión anterior desplegó semejante nivel de intervención en tantos frentes a la vez.
Fin del desarme institucional

La situación heredada era crítica. Tras años de inacción y desidia durante la gestión de Omar Gutiérrez, la presencia policial en las calles se había diluido. La crisis llegó al punto de rebajar el rango del área de Seguridad en pleno auge del delito. Los nombres de Vanina Merlo y Marianina Domínguez son recordados como símbolos de inacción y  colapso institucional.
Frente a eso, el actual gobierno tomó decisiones drásticas y rápidas: fortaleció la Policía con equipamiento moderno, incrementó los patrullajes y reactivó la lucha contra el narcomenudeo, algo que antes era potestad exclusiva de la Justicia Federal. A solo tres meses de asumir la competencia, ya hubo condenas efectivas por narcotráfico, una celeridad judicial pocas veces vista en este tipo de delitos.

Inversión sin precedentes
El plan de seguridad no se limita al combate callejero. La inversión es estructural y abarca todo el ecosistema institucional:
•    Compra de armamento, móviles y chalecos antibalas.
•    Incorporación de drones, pilotos certificados y visión térmica para operativos especiales.
•    Salarios policiales más altos que los de las fuerzas federales, una medida que apunta a dignificar la labor.
•    Ley de Ficha Limpia y Ley de Reiterancia, para evitar que delincuentes condenados sigan accediendo a cargos públicos o salgan en libertad por tecnicismos.
•    Nueva Ley de la Policía de Neuquén, que jerarquiza la estructura interna y actualiza las funciones y derechos de la fuerza.
•    Creación de un laboratorio toxicológico propio, con aportes al Poder Judicial, para agilizar la lucha contra las drogas.

Contra la “puerta giratoria”
La frase que usó el propio Figueroa lo resume todo: “Para nosotros es muy importante cortar con que los delincuentes entren por una puerta y salgan por la otra.”
El mandatario lo dijo en presencia de jueces y funcionarios judiciales, incluyendo a la exministra de Seguridad, Vanina Merlo, hoy jefa del Ministerio Público de la Defensa, quien ha sido criticada por su rol en favorecer excarcelaciones aún en casos graves.
Pero el gobernador no se quedó en la queja. Legisladores oficialistas presentaron proyectos de ley que amplían la prisión preventiva, habilitan allanamientos nocturnos y crean figuras como el agente revelador, el informante y la denuncia anónima. Todas herramientas que dotan al Estado de mayor capacidad operativa e investigativa.

¿Por qué ahora y no antes?
La pregunta es inevitable: ¿por qué ningún otro gobierno hizo esto antes? ¿Faltaba decisión? ¿Voluntad política? ¿O simplemente los intereses estaban en otro lado?
Lo cierto es que Neuquén ha decidido cambiar su paradigma de seguridad. No se trata sólo de más patrulleros o leyes, sino de una visión estratégica que involucra al Poder Ejecutivo, la Legislatura, la Justicia y a las fuerzas policiales, en un esquema de cooperación institucional rara vez visto.
Mientras otras provincias atraviesan crisis de seguridad cada vez más profundas y el país debate entre improvisaciones y diagnósticos alarmistas, Neuquén ofrece un modelo concreto y activo, con resultados a la vista y políticas que se sostienen en el tiempo.
Este esfuerzo colectivo no está exento de resistencias –algunas internas al Poder Judicial, otras ideológicas o partidarias–, pero la evidencia muestra que el rumbo es el correcto. La inseguridad no se resuelve con slogans, y en esta provincia, al menos, se ha entendido que el delito se combate con decisión, inversión y leyes eficaces.