Prorrogaron la emergencia energética nacional hasta julio de 2026
El Gobierno nacional prorrogó la emergencia energética hasta el 9 de julio de 2026, mediante el decreto 370/2025 publicado en el Boletín Oficial. La medida alcanza los segmentos de generación, transporte y distribución de energía eléctrica y de gas natural bajo jurisdicción federal. Además, se extiende la intervención del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) hasta la misma fecha, o hasta que entre en funcionamiento el nuevo organismo previsto en la Ley 27.742.
La decisión responde, según el decreto, a la necesidad de garantizar la continuidad de los servicios públicos mientras persisten problemas estructurales. El documento destaca que aún no se alcanza una cobertura plena del costo de abastecimiento y que los subsidios deben focalizarse en quienes realmente los necesiten. La cobertura del costo del gas, por ejemplo, pasó del 18,7% en enero de 2024 al 74,5% en marzo de 2025.
También se prorroga el “Período de Transición hacia Subsidios Energéticos Focalizados”, lo que permite a la Secretaría de Energía continuar con la reestructuración del sistema y establecer nuevos mecanismos de asignación. Se identificaron más de 1,5 millones de hogares subsidiados que no solicitaron el beneficio y más de 370.000 inscripciones a nombre de personas fallecidas.
Por otra parte, se declaró de prioridad nacional un conjunto de obras de ampliación del sistema de transporte eléctrico, especialmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde se han registrado cortes y colapsos por falta de capacidad. Las obras se realizarán bajo el régimen de concesión a empresas privadas, y serán financiadas mediante una tarifa específica aplicada a los usuarios del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).
El proyecto “AMBA I”, según datos oficiales, permitirá incorporar nuevas centrales de generación al sistema con un ahorro estimado de 912 millones de dólares. Se habilita además que estas ampliaciones sean ejecutadas por transportistas independientes, y que las obras se transfieran al Estado Nacional una vez concluido el contrato.
El decreto lleva las firmas del presidente Javier Milei y de todo su gabinete, y recuerda que las políticas previas de congelamiento tarifario y subsidios indiscriminados afectaron seriamente la sostenibilidad del sistema energético y las finanzas públicas.
