Regalías hidroeléctricas | Neuquén y Río Negro negocian en bloque con Nación
Figueroa y Weretilneck se unen para exigir más regalías por el uso del agua en las represas
El gobernador Rolando Figueroa anunció que su gobierno trabaja junto al de Río Negro, que encabeza Alberto Weretilneck, para consensuar una postura común en torno a las regalías hidroeléctricas.
El objetivo es reclamar ante Nación una mayor base imponible sobre la cual se calculan los pagos por el uso del agua en las represas del Comahue, y elevar el porcentaje de regalías en especie que perciben ambas provincias.
“Hace muchos años que nos pagan regalías sobre solo el 25% de lo que corresponde. Eso nos ha generado un enorme perjuicio”, aseguró Figueroa.
Además, anticipó que en los próximos días se reunirán los gabinetes de ambas provincias para acordar una propuesta conjunta que será presentada ante el Gobierno nacional y quede plasmada en los nuevos contratos de concesión de las represas hidroeléctricas.
Figueroa explicó que actualmente el cobro de regalías en especie —energía que queda a disposición de la provincia— representa un porcentaje muy bajo, por lo que también buscarán elevar progresivamente ese valor hasta llegar al 25%. “Eso también nos da autodeterminación en el uso de nuestra energía”, afirmó.
Durante el acto, en el que estuvo acompañado por el intendente Mariano Gaido, el mandatario neuquino también recordó que hay un fallo de la Corte Suprema de 2009 que ordena al Estado Nacional realizar obras para mitigar crecidas del río Neuquén, lo cual será otro eje del reclamo.
Finalmente, insistió en que el agua es propiedad de las provincias y que por eso corresponde que Neuquén y Río Negro cobren un canon del 1% por el uso de los ríos Limay y Neuquén en la generación de energía, un acuerdo que ya se había avanzado con Nación pero aún no se implementó completamente.
“Si las regalías se calculan sobre un 25%, es como si nos hubieran quitado cuatro veces lo que nos corresponde. Esto debe cambiar, no solo por justicia, sino también para darle seguridad jurídica a las provincias y a los inversores”, concluyó Figueroa.
