Francos confirmó que el Gobierno vetará el aumento a jubilados y la emergencia en discapacidad
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, confirmó este sábado que el Gobierno nacional vetará las leyes recientemente aprobadas en el Senado, entre ellas el aumento a las jubilaciones y la declaración de emergencia en discapacidad, por considerar que comprometen la estabilidad fiscal alcanzada por la gestión de Javier Milei.
“No se puede hacer magia con los números”, advirtió Francos en declaraciones radiales, y señaló que estas iniciativas suponen un aumento del gasto que resulta incompatible con el programa económico vigente.
El funcionario explicó que el resultado legislativo responde al contexto preelectoral, donde "cada sector juega su juego". Además, apuntó que algunos gobernadores optaron por acordar con el kirchnerismo en respuesta a decisiones de La Libertad Avanza, lo que derivó en alianzas circunstanciales que impactaron en el Congreso.
Francos también cargó contra el modelo de gestión anterior, al que acusó de haber generado un país “desordenado y endeudado”, con un Estado sobredimensionado y servicios públicos colapsados.
“El kirchnerismo gobernó un cuarto de este siglo y dejó el país hecho un desastre”, sentenció.
En defensa de la actual administración, el ministro destacó la reducción de 50.000 empleados públicos, la fusión de organismos, y un plan de reforma estatal y desregulación que, según afirmó, permitió alcanzar un superávit fiscal superior a 1,5 puntos del PBI.
También aseguró que el descenso de la inflación está generando una mejora en los indicadores sociales:
“La pobreza bajó del 53% al 30% y la economía creció un 6% en lo que va del año”, afirmó.
Respecto a los proyectos de moratorias previsionales y aumento del gasto en discapacidad, Francos fue tajante:
“No se puede repartir lo que no se tiene”. Señaló que la alta informalidad laboral y la presión impositiva impiden sostener un sistema previsional ampliado, y adelantó que se mantendrán firmes en el veto.
El lunes 15 de julio, el Ejecutivo deberá enviar formalmente su decisión sobre las leyes sancionadas, en lo que se anticipa como un nuevo capítulo de tensión entre el oficialismo y el Congreso, a solo tres meses de las elecciones generales.
