Un petrolero fue despedido durante su licencia médica y la Justicia falló a su favor
Un trabajador petrolero que atravesaba un cuadro de depresión fue despedido sin causa mientras se encontraba con licencia médica, pese a haber presentado todos los certificados correspondientes. La Justicia de Cipolletti resolvió que la empresa Service Petrole Sud SRL deberá abonarle salarios adeudados, aguinaldo, vacaciones proporcionales, indemnización por despido sin causa y multas por incumplimientos formales.
El fallo estableció que el despido se produjo en pleno período de reposo médico prescripto por un profesional de salud mental. La empresa recibió el primer certificado y, pocos días después, avanzó con la desvinculación sin invocar motivo alguno.
Durante el juicio, se acreditó que el vínculo laboral había comenzado en agosto de 2021 bajo la categoría de ayudante, conforme al convenio colectivo petrolero. Con el tiempo, el empleado asumió tareas de mayor responsabilidad, llegando a encargarse del área de compras.
La sentencia subrayó que la firma no pagó los haberes correspondientes entre octubre y diciembre de 2023, mientras el trabajador se encontraba con licencia médica. Por este motivo, se ordenó saldar los sueldos impagos, el aguinaldo del segundo semestre y las vacaciones proporcionales.
Al considerarse injustificado el despido, el tribunal reconoció también el derecho del empleado a cobrar la indemnización completa: preaviso omitido, antigüedad y un recargo adicional previsto por ley ante la falta de pago en tiempo y forma.
Además, se aplicó una sanción por la no entrega de certificados laborales al finalizar la relación, tal como exige la Ley de Contrato de Trabajo. La intimación enviada por el trabajador, que no fue respondida por la empresa, habilitó esa condena.
La firma demandada no se presentó a ejercer su defensa durante el juicio, lo que motivó su declaración de rebeldía. Según la legislación vigente, esta actitud genera una presunción favorable hacia los hechos denunciados por el trabajador.
La sentencia ordenó el pago completo en un plazo de diez días, con intereses calculados conforme al criterio del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Río Negro. También impuso las costas del proceso a la empresa.
